FA: existen cuatro visiones sobre legajos de menores

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EDUARDO BARRENECHE

Dentro del FA existen cuatro visiones sobre el mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores. Dentro de unos días, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley de liberación de reclusos.

Los distintos planteos existentes dentro de la izquierda giran sobre cuánto tiempo se deben mantener los legajos de los menores infractores y en cuáles casos. Una de las propuestas fue presentada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien entiende que estos deben mantenerse por cuatro años en caso de que los adolescentes hubieran cometido delitos graves. Es decir, deberían destruirse cuando el sujeto cumpliera los 22 años.

Una segunda propuesta considera que ese plazo debe ser menor: dos años. En tanto que un tercer planteo sostiene que sea el juez de menores quien decida si se mantienen o no los antecedentes de acuerdo a las circunstancias del caso, y un cuatro grupo propone que una ley debe establecer la no destrucción de dichos legajos.

"El plazo es una cosa, pero también debemos ver el cómo. Es decir, quién determina eso: el juez o la ley. No tenemos una propuesta cerrada dentro del Frente", dijo a El País la diputada de Asamblea Uruguay e in-tegrante de la Comisión Bicameral de Seguridad, Daniela Payseé.

En esta semana, los legisladores izquierdistas continuarán negociando y buscando asesoramientos técnicos para una salida consensuada sobre el tema, dijo a El País el diputado socialista Julio Bango. "Estamos viendo mecanismos y plazos sobre el mantenimiento de los antecedentes delictivos de los menores", advirtió.

Para el Frente es clave que una futura iniciativa de ley sobre los legajos de los menores no colida con los acuerdos internacionales firmados por Uruguay sobre la materia.

El martes 1°, en el mensaje del gobierno enviado al Parlamento, el Ministerio del Interior señaló: "es un dato de la realidad que los delitos que más atormentan a la ciudadanía (rapiñas) cuentan con la participación de una minoridad infractora que es imperioso contener primero para rehabilitar después. En el entendido que la solución de este tema no es meramente represiva, desde esta cartera se introdujo el tema en la agenda política, legislativa, judicial y social".

En dicho documento, el Ministerio del Interior informó que entre enero-diciembre de 2009 ocurrieron 11.391 rapiñas, mientras que en el 2010 los atracos fueron 13.829. Se trata de un incremento de un 21% (2.438 asaltos).

DELITOS. La mayoría de los integrantes de la bancada del FA coinciden con Bonomi sobre que deben mantenerse los legajos de aquellos menores que cometieron delitos como violación, secuestro, copamiento, homicidio y rapiña especialmente agravada.

Para el Frente, esos antecedentes son clave cuando el magistrado decide si ordena medidas alternativas a la prisión a un adulto que cometió un delito. "Por ejemplo, un hombre de 25 años roba un auto, pero cuando era menor violó a una chica. El juez, que analiza el expediente del robo del auto, lo debe remitir a la cárcel", dijo el diputado del MPP, Aníbal Pereira. En caso de que ese adulto no haya cometido ningún delito cuando era adolescente, el juez podrá decidir una pena alternativa a la prisión, explicó Pereira.

Por su parte, Payseé dijo que el tema de los antecedentes de los menores no estará en la agenda de la Comisión Bicameral de Seguridad que analiza modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Esta comisión elaborará mañana miércoles un informe sobre los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y la oposición sobre el carácter jurídico del Instituto de Responsabilidad Adolescente; la penalización del hurto y la complicidad; la extensión a 90 días del plazo que tiene la Justicia de Menores para dictar sentencia, y que los informes del INAU no son preceptivos para que el fiscal y el magistrado de adolescentes se expidan sobre un caso.

CÁRCEL. Los técnicos del Ministerio del Interior culminaron la redacción de un proyecto de ley de liberación de presos. Dicha iniciativa ya recibió el visto bueno de Bonomi y de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Es posible que el proyecto sea enviado al Parlamento esta semana.

El proyecto de ley señala que no podrán acogerse a la excarcelación presos que cometieron homicidios, lesiones graves, peculado, rapiña especialmente agravada, copamiento, rapiña con copamiento, extorsión, secuestro, violación y tráfico de drogas. También aquellos que incurrieron en concurso de funcionario público en evasión, abuso de autoridades a detenidos y quiebras fraudulentas.

Los militares presos por violaciones a los derechos humanos no podrán acogerse a la futura ley ni los reincidentes de ningún delito. Una lista elaborada en diciembre por el Ministerio del Interior constató que habían 2.160 de 8.700 internos que podrían acogerse a la ley. Se trata de primarios, enfermos terminales y ancianos.

En el mensaje enviado al Parlamento, el Ministerio del Interior reconoció que la actuación policial "no presenta cambios significativos" con respecto a años anteriores porque las nuevas iniciativas para cambiar el modelo de gestión "estuvieron en la fase de planificación".

Según el ministerio, se pudo comprobar que la policía demuestra "relevante capacidad" para resolver delitos complejos; que la lucha contra el narcotráfico sobresale a nivel continental "por su efectividad" y que, como contrapartida, el modelo carcelario sigue generando "altos índices" de reincidencia. Delitos como la rapiña "siguen creciendo e impactando fuertemente en la población sin que las acciones policiales logren mejorar sus resultados".

Aunque los resultados de 2010 "no presenten aún cambios positivos importantes", el Ministerio del Interior anunció que, a partir de 2011, asumirá compromisos de gestión medibles y transparentes. "Esta administración confía en que los profundos cambios impulsados en 2010 van a comenzar a dar sus frutos, los cuales deberían reflejarse en los resultados de la actuación policial durante el resto del período", señala el mensaje de Interior.