El Frente Amplio (FA) trabaja en una nueva solución jurídica que permita no pasar por alto el resultado de los dos plebiscitos que decidieron mantener vigente la Ley de Caducidad, dijo a El País Alejandro Arismendi, delegado de las Bases del interior. La comisión de Caducidad del FA recibió ayer la visita del canciller Luis Almagro y del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Según Arismendi, en la comisión "se expuso todo lo que se consideraba inaceptable para votar el proyecto y hay clima adecuado para buscar un acuerdo por medio de una nueva solución jurídica, que intenta no pasar en alto las consultas populares". Dicha salida se instrumentará sobre el proyecto de Ley Interpretativa de la Caducidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados y no pudo ser aprobada en el Senado debido a la negativa de los senadores Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Fernández Huidobro.
En esta oportunidad, se espera que los últimos dos legisladores adhieran a la nueva iniciativa del FA, agregó Arismendi.
La nueva solución no implica anular o derogar la ley, sino dejarla sin efecto por vía de un proyecto de ley. Pero implica "tener en cuenta los plebiscitos para blindar la ley de forma que se haga efectiva", explicó el dirigente. Al tiempo que agregó que no hay plazos para la adecuación del proyecto, pero se trabaja para concretar una propuesta que será presentada en el próximo Plenario del Frente Amplio, previsto para el 19 de marzo.
En tanto, legisladores del Frente Líber Seregni (FLS) estudian incluir dentro del proyecto de ley de Asociación Público Privada (APP) un artículo que aclare que la iniciativa no esconde ninguna privatización.
El proyecto sobre Participación Público Privada encontró dentro del Frente Amplio (FA) más voces en contra de las que esperaba el Poder Ejecutivo cuando lo remitió al Parlamento.
Los partidos Comunista y Socialista rechazaron el proyecto original y advirtieron que no lo votarán si no se le realizan modificaciones. En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) también presentó reparos a la iniciativa que tiene como objetivo financiar las obras más importantes de infraestructura para el país.
Para lograr la aprobación del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó que está dispuesto a realizar las modificaciones que estimen necesarios los distintos sectores de la coalición de izquierda, dijo a El País el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).
"Nosotros decimos que acá no hay gato encerrado, por lo tanto si alguien opina que hay gato encerrado pongamos en la ley que no se quiere privatizar", sentenció Asti .
Tanto el Partido Comunista del Uruguay como el Partido Socialista manifestaron su temor a que el proyecto de ley avalara algún tipo de privatización.
Sin embargo, Asti negó cualquier tipo de privatización y señaló que si se tiene que aclarar en un artículo del proyecto se hará. "Acá no hay ninguna privatización, no hay ninguna venta de bienes del Estado", aseguró.