EL PAÍS DE MADRID Y AFP
Su objetivo inmediato es deshacer las principales reformas acometidas por el presidente Barack Obama. Cuando hoy ocupen sus escaños en Congreso, los republicanos tendrán una mayoría de 47 votos más en la Cámara de Representantes.
Esto es suficiente para aprobar medidas que hagan honor a las promesas que hicieron a los votantes desencantados con los demócratas en las pasadas elecciones legislativas de noviembre. Su pretensión será derogar la reforma sanitaria, una revocación que, de prosperar, sería principalmente simbólica. Más efectiva será, sin embargo, su oposición a la imposición de límites a la emisión de gases contaminantes y a la reforma financiera realizada por Obama.
En sus recientes declaraciones, los representantes conservadores dieron signos de estar convirtiendo la destrucción de la reforma sanitaria en su principal batalla. Quieren votar la revocación de esta antes del discurso del Estado de la Unión, que Obama pronunciará en febrero. Si aprobaran esa anulación, necesitarían una amplia mayoría de dos tercios en la Cámara -con la que no cuentan- para sortear un veto presidencial y deberían enviar esa enmienda al Senado, donde los demócratas aún conservan una ajustada mayoría. Será, pues, una pelea simbólica.
Para algunos de los republicanos la comparación bélica es adecuada. El representante por Georgia, Phil Gingrey, dijo en una entrevista en el canal Fox News: "Habrá quienes digan que no lo haremos porque es una tarea demasiado pesada. Y debemos recordar que en 2006, cuando perdíamos la guerra de Irak, gracias a Dios, contamos con nuestros patriotas que lucharon en la provincia de Anbar y en Faluya y cambiaron el curso de los acontecimientos". Así, comparaba a Obama y su partido con los rebeldes iraquíes.
LITIGIO. Si la legislatura número 112 ha de ser la batalla que cambie el curso de una guerra, una de las representantes que luchará con más empeño es Michelle Bachmann, de Minnesota, una de las líderes del movimiento radical del Tea Party. En marzo, un día antes de que Obama ratificara la ley sanitaria, Bachmann inició los trámites de revocación de esa reforma. Su principal empeño es anular la provisión que obliga a todos los estadounidenses a adquirir un seguro médico antes de 2014, bajo riesgo de multa. Los últimos estudios sitúan el número de ciudadanos sin cobertura médica en 50 millones.
Diversos tribunales federales están considerando si esa provisión es constitucional. El pasado diciembre, una corte de Virginia, liderada por el juez Henry Hudson, nominado por George W. Bush, asistió a los republicanos en ese empeño al declarar inconstitucional esa obligatoriedad de contratar un seguro. Aun así, la reforma sanitaria se halla sumida en un largo proceso de decisiones judiciales y apelaciones que seguramente acabará en el Tribunal Supremo, que será el que deba decidir en última instancia.
Tanto Bachmann como el resto de congresistas que se identifican con el Tea Party anunciaron que, si la revocación de la reforma sanitaria no prospera en bloque, atacarán la norma por partes. Además de la obligatoriedad de adquirir pólizas, esos congresistas criticaron duramente una enmienda de última hora que permite, en casos muy limitados de incesto o violación, utilizar fondos públicos para subvencionar abortos.
Durante los cuatro años en que la representante demócrata Nancy Pelosi presidió la Cámara de Representantes, una de sus grandes batallas políticas fue la de aprobar una ley que impusiera límites a la emisión de gases contaminantes, algo que consiguió en junio de 2009, con el objetivo de reducir en un 17% las emisiones de CO2 para 2020. El Senado, donde los demócratas son mayoría, debía ratificarla pero nunca lo hizo, y la dejó languidecer sin ni siquiera iniciar un debate. Los republicanos en la Cámara, sin embargo, quieren utilizar su nueva mayoría para bloquear la norma con un golpe mortal que sería tan simbólico como el que preparan para la reforma sanitaria. Pero no se detendrían ahí.
En agosto, ante la parálisis legislativa, Obama anunció que este año la Agencia de Protección Medioambiental, dependiente de su gobierno, regularía la emisión de gases contaminantes fábrica a fábrica, refinería a refinería y central energética a central energética, en un laborioso y costoso proceso de inspecciones individualizadas. El que será el nuevo jefe del Comité de Energía de la Cámara, Fred Upton, dijo el domingo en Fox News: "No vamos a dejar que esta Administración regule lo que no ha podido legislar". Upton anunció que convocará vistas orales sobre las regulaciones ejecutivas en materia de gases contaminantes y que considera bloquearlas en virtud de una norma conocida como Ley de Revisiones del Congreso.
De lo que los republicanos hablaron menos en estos días es de su oposición a la reforma del sector financiero de Obama. Eso no significa que hayan hecho menos al respecto. El año pasado, los demócratas otorgaron amplios poderes de control a dos agencias del gobierno: la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías. Para acometer esas tareas, ambas agencias necesitan doblar su presupuesto, algo que pretenden bloquear los republicanos. Así, impiden, indirectamente, que Obama ponga límites a los excesos de Wall Street.
Por su lado, Obama manifestó que espera encontrar un terreno de entendimiento con los republicanos y previó "una serie de sacrificios compartidos por todos los estadounidenses".
"No soy ingenuo. Sé que habrá batallas difíciles en los próximos meses", señaló hace unos días el presidente. La prensa estadounidense sostiene que el mandatario cambiará a varios colaboradores para acercarse a la oposición.
Millones para las víctimas del 11-S
El presidente Barack Obama firmó una ley para ayudar a los sobrevivientes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y a los socorristas que enfermaron en las ruinas del World Trade Center, tras lo cual dijo sentirse honrado.
Algunos republicanos intentaron bloquear la medida, pues no sabían de dónde obtendría el gobierno los fondos necesarios para las compensaciones. Finalmente la votaron, con un acuerdo negociado para reducir los costos a 4.200 millones de dólares. Se estima que la compensación se financiará con una cuota aplicada a algunas compañías extranjeras que tienen contratos con el gobierno de EE.UU. AFP