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Mientras el Tribunal de Conducta Política del FA se reunió ayer para analizar el caso Gonzalo Fernández, Alianza Progresista planteó el jueves 2 en el Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda que la Mesa Política debía reconsiderar el punto.

El integrante del Tribunal de Conducta Política, Enio Martínez, reconoció que el tema fue analizado ayer aunque advirtió que el cuerpo no llegó a ninguna conclusión sobre si deberá citar o no a Gonzalo Fernández.

El delegado del interior de las Bases, Alejandro Arismendi, expresó que la renuncia al FA no libra a Fernández de ser investigado por el Tribunal de Conducta Política. "Este cuerpo lo puede citar, así como llamará a los legisladores del Frente que participaron en la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230", dijo.

El lunes 29, la Mesa Política de la coalición de izquierdas decidió enviar los antecedentes del proceso de derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 a un Tribunal de Conducta Política. Esta decisión fue adoptada con los votos del MPP, Partido Comunista, Vertiente Artiguista, Corriente de Izquierda y las Bases. Al no ser aprobada una moción del Frente Izquierda de Liberación (Fidel) de que el tema se postergara durante una semana, los delegados del Partido Socialista, Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio se retiraron de la sesión.

DEBATE. El jueves 2, la delegada de Alianza Progresista en el Secretariado del FA, Lilián Kechichian, propuso que la Mesa Política reconsiderara el pasaje de Fernández a un Tribunal de Conducta Política.

Ayer, el delegado de la Vertiente Artiguista, Daniel Bentancor, expresó a El País que el Secretariado Ejecutivo no es un organismo resolutivo y que es la Mesa Política es la que deberá analizar un planteo de reconsideración del tema.

Sin embargo, el dirigente de la Vertiente expresó que las reglas señalan que se necesitarán más votos de los que apoyaron el pasaje del caso al Tribunal de Conducta Política.

Bentancor indicó que la renuncia de Gonzalo Fernández presentada el jueves "empeoraba aún más la situación".

La Vertiente Artiguista votó el pasaje del tema al Tribunal de Conducta Política porque la Mesa Política del Frente no puede realizar un control disciplinario de un dirigente.

"El control disciplinario lo tiene el Plenario Nacional, el máximo organismo de dirección del Frente. Y para ejercer estas potestades, el Plenario tiene que tener un informe del Tribunal de Conducta Política o tampoco lo puede hacer", explicó.

A diferencia de lo que plantean los socialistas, Bentancor dijo que el Tribunal no sólo juzga conductas éticas sino también errores políticos.

El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, coincidió con Bentancor acerca de que es la Mesa Política la que deberá discutir una eventual reconsideración del pasaje del proceso legislativo que llevó a derogar el artículo 76 de la Ley 2.230. "El Secretariado no puede resolver nada", dijo Fernández.

El delegado del PVP a la Mesa Política, Carlos Coitiño, afirmó a El País que el Tribunal de Conducta Política es para todos los dirigentes frenteamplistas. "Es correcta la decisión de la Mesa Política. Las reglas son para todos", dijo Coitiño.

Con respecto a la afirmación de Gonzalo Fernández en su carta en el sentido de que su paciencia había sido colmada por la resolución de la Mesa Política, Coitiño replicó: "la paciencia de la fuerza política también se ha agotado".