COFE lanzó la batalla judicial en contra del decreto de las seis horas

1/1

P. MELÉNDREZ / E. DELGADO

COFE y el gobierno se verán las caras hoy en la Justicia por el decreto que entrará en vigencia el 1° de diciembre y que establece que la jornada laboral en la Administración Central "no podrá en ningún caso tener un horario inferior a seis horas".

Junto con las acciones administrativas y judiciales impulsadas por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) contra el decreto del Poder Ejecutivo, en el corto y mediano plazo habrá juicios indemnizatorios que prevén presentar los funcionarios con grado de profesionales universitarios.

El abogado Daniel Parrilla, uno de los asesores jurídicos de COFE, dijo a El País que de los 515 funcionarios profesionales que impugnaron el decreto ante la Presidencia, la "gran mayoría" tiene intenciones de iniciar juicios de reparación patrimonial contra el Estado.

El principal argumento es que el aumento de la carga horaria no está acompañado de una compensación, por lo que en los hechos existe una rebaja salarial, dijo Parrilla.

A su vez, se alega que los funcionarios profesionales en su mayoría también se desempeñan a nivel privado, por lo que el incremento del horario también los perjudicaría en esa órbita, indicó el abogado.

AUDIENCIA. En tanto, COFE y el gobierno se enfrentarán hoy ante la jueza de lo contencioso administrativo Cristina Cabrera, en el marco de una acción de amparo contra el decreto que, a través del gremio, presentaron 75 profesionales (en su mayoría abogados, escribanos y bibliotecólogos) que se desempeñan en los ministerios de Trabajo y Turismo y en la Biblioteca Nacional.

Los demandantes alegan que el decreto es ilegal porque el Poder Ejecutivo lo elaboró de forma "unilateral". Los funcionarios también argumentan que, en esencia, la nueva normativa implica una rebaja de sueldo, porque eleva la carga horaria sin prever un incremento salarial compensatorio.

La jueza convocó para hoy a la hora 13 a las partes, donde los trabajadores y el Poder Ejecutivo realizarán sus alegatos. Luego de analizar ambas posiciones, la magistrada deberá fijar una fecha para dictar su sentencia que en caso de considerar ilegal el decreto, el fallo solamente será aplicable a los 75 funcionarios demandantes.

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que el gobierno no maneja un "plan b" ante la posibilidad de que la Justicia considere ilegal el decreto, porque existe convencimiento de que la normativa "es ajustada a Derecho". "Tenemos el pleno convencimiento de que es legal", dijo.

Breccia indicó a El País que "es interesante detectar tan importante reacción de la opinión pública ante un decreto que obliga a trabajar un mínimo de seis horas en el Estado. Es un fenómeno casi sociológico".

REGLAMENTADO. Los funcionarios de los ministerios de Trabajo, Turismo y de la Biblioteca Nacional plantearon en la acción de amparo que cumplen regímenes de menos de seis horas diarias (en su mayoría cuatro horas) en virtud de la existencia de reglamentaciones de cada organismo que establecen esa carga horaria.

"Debe destacarse que todos estos horarios son el derivado de la organización del servicio por parte de las decisiones adoptadas por el jerarca en ejercicio de sus facultades", explica la demanda judicial.

De esa manera, los funcionarios señalan que el decreto desconoce las resoluciones propias de los organismos a los que pertenecen.

Esa es la diferencia con el caso registrado en Rivera, donde un juez desestimó una acción de amparo presentada por un abogado del Ministerio de Trabajo, siendo la primera decisión judicial en torno al decreto de las seis horas.

En ese caso, el juez desestimó el planteo ya que el demandante no incorporó ninguna reglamentación que avalara que debe llevar a cabo su labor en menos de seis horas, sino que planteó que se trata de un acuerdo "verbal", por lo que el juez no lo tomó en cuenta.

El juez de Rivera, Marcelo Souto Etchamendi, concluyó en su sentencia que la aprobación del decreto está dentro de las facultades previstas legalmente para el Poder Ejecutivo.

La Presidencia evalúa cómo tramitar un recurso administrativo impulsado por COFE que engloba a 3.000 funcionarios y a 500 profesionales que trabajan en el Estado. El problema radica en que entre los profesionales, hay varios abogados que prestan servicio en jurídica de Presidencia, oficina por la que se debería canalizar la acción.