Jueves concluye investigadora Fernández

Informe interno del FA será "objetivo", dijo Jorge Brovetto

El próximo jueves, la investigadora del Frente Amplio sobre el caso Gonzalo Fernández terminará un informe que será elevado a la Mesa Política de la coalición de izquierda. "El informe será objetivo y no presentará ninguna conclusión a la Mesa Política", dijo el presidente del FA, Jorge Brovetto.

Para evitar que este fuera demasiado exhaustivo que dificultara su análisis, la investigadora comenzó a redactar un documento ejecutivo, expresó Brovetto.

El Frente Amplio resolvió crear esta investigadora el 23 de agosto pasado. En su primera sesión, Brovetto planteó que la misma debería dar respuesta a 12 preguntas vinculadas a la participación de Fernández en el proceso de derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 (quiebra fraudulenta).

Por ese delito fueron procesados los hermanos Peirano. El estudio de Fernández y su pareja, Cecilia Salom, defendió a un directivo del Banco de Montevideo procesado por el mismo caso de los Peirano. Desde la Mesa Política se le critica a Fernández no haber informado al Parlamento ni al Partido Socialista -sector que integra- que su estudio jurídico patrocinaba a ese empresario.

Según integrantes de la investigadora, las Bases, MPP y Partido Comunista criticaron a Fernández por ocupar la secretaria de la Presidencia de la República en el gobierno anterior y, al mismo tiempo, su estudio jurídico promover juicios contra el Estado.

Fernández se defendió en la Mesa Política afirmando que, en un primer momento, advirtió al entonces senador Danilo Astori que si se derogara el ar-tículo 76 de la ley 2.230, los hermanos quedaban en libertad. Agregó que, luego que estos quedaron libres, asesoró a parlamentarios sobre que nada impedía derogar dicha norma. La derogación de ese artículo buscó además mejorar la situación financiera del Casmu.

En el Senado también se inició una comisión investigadora sobre el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

El informe del Frente Amplio señala que Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. Y que el senador blanco Sergio Abreu, "alma mater" de la ley, se manejó con "autonomía".

Allí se afirma Fernández, Salom y Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

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