Comisionado reclama trasladar las cárceles fuera de centros urbanos

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FLORIDA | ALEXIS TRUCIDO

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, exhortó en Florida a construir nuevas cárceles y erradicar definitivamente las que se encuentran en los centros de las capitales del interior.

Garcé recorrió el viernes la cárcel de la ciudad de Florida. "Se trata de un local completamente inadecuado, con mínimas condiciones de seguridad y que debería ser sustituido cuanto antes mejor", sostuvo tras la recorrida.

La cárcel de Florida tiene capacidad para 70 reclusos, y actualmente alberga a 84.

Para el comisionado, esta situación se repite en prácticamente todo el interior del país y aseguró que "es el momento" para iniciar el traslado de reclusos fuera del casco urbano de la ciudades.

"En este momento existe un proyecto en Lavalleja, donde con un costo razonable para el Estado y la propia mano de obra de los reclusos se puede ahorrar hasta un 40% y construir cárceles nuevas, de 120 plazas y en un lapso breve", indicó el funcionario.

Garcé recordó que el Parlamento votó la ley de emergencia carcelaria que libera fondos (unos US$ 15 millones) para la construcción de nuevos complejos penitenciarios.

"Hay tantas realidades como establecimientos y el sistema sigue con un hacinamiento en el orden del 80%", explicó Garcé. "Hay unas cuantas cárceles que cumplen con los estándares pero sólo albergan un quinto de la población", agregó.

Los diputados por Florida, José Arocena (Partido Nacional) y Álvaro Vega (Frente Amplio) acompañaron a Garcé en la visita a la cárcel local.

Arocena destacó la tarea del comisionado y adelantó que "seguramente será reelecto para el cargo porque hoy cuenta con el apoyo de todos los diputados".

Vega, por su parte, resaltó el modelo de cárcel granja que también existe en Florida con un pabellón femenino inaugurado recientemente.

"Ese es nuestro ideal de cárcel. El problema es la que tenemos dentro de la ciudad y que como el resto hasta ahora, son instrumentos de castigo y no de rehabilitación", dijo Vega.

La Ley de Emergencia Carcelaria habilitó al gobierno a utilizar hasta el 31 de diciembre unos US$ 15 millones para construir dos nuevas cárceles, contratar a 1.500 guardias y derivar presos a instalaciones militares en forma transitoria.

Sin embargo, el jueves 28 en la comisión de seguimiento del sistema carcelario del Parlamento, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el gobierno está analizando la construcción de una cárcel para 2.000 reclusos. Bonomi explicó que esto "no significa una construcción única sino que dentro de un perímetro haya dos o más módulos que contengan a 2.000 personas. Vamos hacia eso".

Según Bonomi, el actual penal de Libertad en San José, quedaría comprendido dentro de este nuevo complejo carcelario a construirse.