Cárceles: 800 aspirantes para 1.500 cargos

1/1

EDUARDO BARRENECHE

A fin de año, el Ministerio del Interior tendrá listas 2.200 nuevas plazas carcelarias. La Ley de Emergencia Carcelaria previó 1.500 vacantes para guardias y se presentaron 800 aspirantes. Las pruebas enlentecen ingresos.

"Comparto con el Ministerio del Interior el orden de prioridades: crear nuevas plazas carcelarias y clasificar reclusos. Ahora el desafío del gobierno es efectuar los llamados para que haya suficiente personal con el propósito de que las ampliaciones construidas funcionen adecuadamente", dijo ayer a El País el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé.

Las previsiones del Ministerio del Interior son inaugurar, de ahora a fin de año, ampliaciones u obras nuevas en seis establecimientos. Los trabajos se realizan en el Penal de Libertad (360 plazas); Comcar (310 plazas); Las Rosas (350); Rivera (una cárcel nueva para 400 internos); Punta de Rieles (650) y Campanero (60).

Fuentes gubernamentales indicaron a El País que 800 aspirantes se presentaron en la Dirección Nacional de Cárceles para ocupar 1.500 vacantes de guardias penitenciarios.

Entre los requisitos previstos los aspirantes deben superar pruebas físicas, psicológicas y tres meses de entrenamiento.

Para las autoridades carcelarias, el entrenamiento mínimo de un guardia carcelario debería ser de seis meses. Sin embargo, la falta de personal llevó a que, en la última tanda, ingresaran guardias con apenas dos meses de capacitación, dijeron.

Las fuentes coincidieron con el comisionado Garcé acerca de que existe un desfase entre la construcción de nuevas plazas y el ingreso de personal, y advirtieron que este es el escollo que tiene ahora el sistema.

Expresaron que no ingresarán funcionarios sin capacitación porque podrían generar conflictos dentro de los establecimientos e indicaron que esa situación podría determinar que, por un breve tiempo, algunas nuevas ampliaciones operen con un número restringido de funcionarios.

Ayer, en una jornada sobre "La Clasificación de Personas Privadas de Libertad en el Marco de Respeto de los Derechos Humanos", organizado por el Instituto Nacional de Criminología (Inacri) en el anexo del Palacio Legislativo, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que la Ley de Emergencia Carcelaria habilitó 1.500 cargos aprobados este año, dentro de los que se prevé un "importante fortalecimiento" de los equipos técnicos interdisciplinarios.

"Hoy son insuficientes para la población privada de libertad, y para fortalecer otras áreas que involucran la seguridad y el tratamiento", dijo.

Tres ETAPAS. En el foro sobre cárceles, Gabriela Fulco, asesora del ministro Eduardo Bonomi sobre temas carcelarios, recordó que esta administración se planteó, en marzo, un plan de emergencia definido por tres etapas básicas: descongestionar, clasificar y tratar al preso para lograr su rehabilitación.

"Hemos avanzado con la primera etapa -el descongestionamiento- con la apertura de la cárcel `El Molino`, donde las mujeres viven con sus hijos en la capital, y con las ampliaciones de otros establecimientos", dijo.

Por su parte, Vázquez indicó que la clasificación de reclusos tenía como uno de sus objetivos mejorar la calidad de vida y la convivencia de los internos.

"Estamos invirtiendo para potenciar la utilización de las chacras policiales -comunidades productivas- en todos los departamentos para aumentar su capacidad y alojar a un número mayor de personas que estén en condiciones de pasar a establecimientos de mínima seguridad en el marco del sistema de progresividad que marca la ley", dijo.

En tanto, Garcé advirtió que la tercera etapa del plan ministerial "no se podrá cumplir" si a la Dirección de Cárceles no ingresa "una importante cantidad y calidad de funcionarios".

También destacó que en el gobierno anterior se llenaron, en esta repartición, 500 vacantes para el área de custodia. "Ahora no sólo hay escasez de personal de seguridad sino también de técnicos para ayudar a la rehabilitación de los internos. Hay que equilibrar la seguridad con la rehabilitación", reiteró.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que el Instituto Nacional de Criminología (Inacri) culminó con la clasificación de internos de la cárcel de Rocha y del Comcar, quienes pasarán a Punta de Rieles. "También se clasificará a los presos de Libertad, Maldonado, Canelones y Rivera", dijo. Los criterios de clasificación discriminan penados y procesados (sin condena), y dentro de cada grupo, se clasifican las causas, antecedentes y conductas.

El Ministerio del Interior recibirá mañana las llaves del Penal de Punta de Rieles y posteriormente comenzará los traslados de presos en grupos de 40 o 50, que viajarán en caravanas con medidas de seguridad, informaron a El País fuentes ministeriales.

Se estima que el operativo, que trasladará en una primera etapa a unos 350 internos, demandará casi una semana. "La cárcel de Punta de Rieles será un establecimiento exclusivamente para penados", dijo ayer el director Nacional de Cárceles, Horacio Zaugg.

Contará con módulos de media seguridad. Albergará a un total de 650 presos provenientes en su mayoría del Comcar. Fueron personas seleccionadas de una lista primaria de reclusos que tienen vencimiento de pena desde diciembre de 2011 y hasta diciembre de 2015. La selección fue hecha por el Instituto Nacional de Criminología (Inacri) donde, además del vencimiento de la pena, se evaluó la buena conducta.

El nuevo penal contará con un doble cerco perimetral. La custodia externa estará a cargo de militares.