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PABLO MELGAR

COFE no se movilizará contra el decreto que obliga a los funcionarios del Estado a trabajar seis horas. No obstante, quieren que les paguen el aumento de la carga horaria. De lo contrario anuncian que habrá una andanada de juicios contra el Estado.

Los funcionarios estatales sospechan que no tienen el respaldo de la opinión pública si salen a protestar contra el decreto que los obliga a trabajar al menos seis horas por día. Por ello, apuestan a la negociación con el gobierno y si no logran cambios, sus abogados ya preparan juicios contra el Estado.

Ayer el director de Trabajo, Luis Romero, recibió a una delegación de COFE que le planteó que no está de acuerdo con el primer artículo del borrador de decreto que los obliga a trabajar seis horas como mínimo.

No obstante, señalaron que si el incremento en la carga horaria va unido a un aumento salarial no pondrían reparos.

"Si se nos aumenta la carga horaria, y si se nos mejora el salario, no sería problema. De hecho, hay muchos lugares del Estado adonde se trabaja full time y se paga de acuerdo con la tarea que se hace. Lo importante es atar horario a salario", dijo el presidente de COFE, Pablo Cabrera, al salir de la reunión.

Según los funcionarios, el decreto no tiene en cuenta que en cada uno de los organismos de la Administración Central hay acuerdos, resoluciones y convenios firmados con los sindicatos que habilitan a algunos funcionarios a trabajar cuatro horas diarias en lugar de las seis por las que fueron contratados.

En la década de 1990 una huelga de la Administración Central, en la que los trabajadores reclamaban un aumento salarial, terminó en un acuerdo por el que se rebajó en un tercio el horario de trabajo.

Por ello entienden que tienen derechos adquiridos y que podrán manejar una defensa legal importante.

Los trabajadores pidieron que se tome un tiempo "prudencial" para aplicar el decreto, ya que se podrían producir distorsiones en la administración. Además, mencionaron que la productividad no está necesariamente vinculada al incremento de la carga horaria.

"Si los tienen cuatro horas tomando el té es lo mismo que estén así durante seis horas", dijo el secretario general de COFE, José Lorenzo López.

Sanciones. El artículo 19 fija una escala de sanciones por los eventuales incumplimientos de los funcionarios. COFE considera que se viola el debido proceso al habilitar que el jerarca de la unidad ejecutora pueda sancionar con hasta 180 días de suspensión. "Derogan todo el sistema de garantías. Ahora los jerarcas inmediatos pueden sancionar con hasta cinco días de suspensión. Luego hay que abrir una investigación administrativa y un sumario, ahí están las garantías del debido proceso", sostuvo López.

El decreto establece que una vez comprobada la falta se dará vista al funcionario para que efectúe sus descargos. Tras la evaluación de éstos, el jerarca aplicará la sanción "sin que sea necesaria la instrucción de un sumario administrativo".

Quienes cometan faltas tales como llegadas que excedan la hora de tolerancia pueden recibir apercibimiento con anotación en el legajo, y en caso de que se reitere más de cuatro veces, pueden ser suspendidos hasta por cinco días. Pueden recibir la misma sanción en caso de ausentarse sin autorización del jefe o por no registrar el ingreso en el reloj de personal. En caso que se reiteren las faltas, el decreto determina una escala de suspensiones que culmina en una de 180 días.

El borrador no especifica si las suspensiones incluyen descuentos en los haberes.

La norma prohíbe a los profesionales que trabajan para el Estado hacer trámites particulares en su horario de trabajo. En los días de paro general o del transporte, los funcionarios que viven fuera de la ciudad en la que se desempeñan podrán excusarse de concurrir a trabajar.

El artículo 20 es una exhortación a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a adoptar las medidas que se aplicarán en la Administración Central.

Negociación. Los abogados de COFE siguen elaborando la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado uruguayo por la presunta violación a la ley de negociación colectiva. López consideró que el llamado del gobierno a opinar sobre el decreto no forma parte de lo establecido en la normativa.

"La negociación colectiva es participar en la elaboración de las resoluciones. Acá vinieron con un decreto a punto de ser promulgado y nos pidieron que opináramos. Eso no es negociar", dijo López.

Los trabajadores manejan que el Poder Ejecutivo promulgará el decreto el próximo lunes sin realizarle modificaciones.

El director de Trabajo, Luis Romero, se limitó a anunciar a los trabajadores que dará a conocer al Poder Ejecutivo sus opiniones sobre el borrador. "Estamos peleando para tener instancias de discusión, de diálogo y de intercambio", dijo Romero.

Enojo. Desde que el presidente Mujica llegó al Ministerio de Ganadería, en marzo de 2005, se acentuó su preocupación por el incumplimiento de las normas laborales en el Estado por parte de los funcionarios. Al llegar a la Presidencia su paciencia se desbordó. Descubrió que algunos profesionales, que gozaban de un horario flexible, llegaban a la Torre Ejecutiva a la hora 19 y se retiraban antes de la hora 22. Consultó a los jerarcas de los profesionales y le dijeron que no podían hacer mucho porque es muy engorroso sancionar a un funcionario del Estado. Ante ello el presidente resolvió darle herramientas a las jerarquías. Ordenó generar un decreto que estipule que la jornada mínima de trabajo en la Administración Central sea de seis horas y que los jefes pueden aplicar sanciones.

Lo que se conoce no es una reforma del Estado. Se trata de un maquillaje de la administración pública; no se advierten mayores cambios en el Presupuesto pero tampoco en la planificación estratégica de los distintos incisos".

La opinión que tiene la gente del funcionario público no es buena. El cambio hacia el concepto de servidor público es interesante porque somos eso. Sabemos que no está todo bien. Tenemos que ver nosotros las cosas que están mal".

Estamos peleando pa-ra tener instancias de discusión, de diálogo y de intercambio. Los trabajadores piden que al llegar estas observaciones al Poder Ejecutivo, se traigan algunas respuestas y se forme una comisión para discutir". (El Espectador)