Dos documentos de las Bases del Frente Amplio, que fueron utilizados como insumo por la comisión investigadora interna de esa coalición, entienden que el ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández incurrió en equivocaciones políticas de entidad durante el proceso de derogación del artículo 76 de la Ley 2.230. Éstas, agregan, ameritan que el caso sea derivado a un Tribunal de Conducta Política, afirmaron a El País integrantes de la investigadora.
Las Bases también cuestionan a Fernández su cercanía a adversarios políticos que "están en contra del proyecto político del FA", reza uno de los documentos.
Ayer, se reunió la investigadora para dar los últimos retoques a un informe sobre el caso que será enviado a la Mesa Política. Ese documento contiene un relato de cómo se procesó la derogación de dicha norma y la participación de Fernández en ese proceso, agregaron las fuentes.
En la investigadora se acordó que el informe no pase a la Mesa Política hasta que no haya concluido la investigación del Parlamento. En la investigadora del FA existe un acuerdo casi total sobre ese documento; restan sólo aspectos de redacción con respecto a la participación de Cecilia Salom, pareja de Fernández, quien defendió a un directivo del Banco Montevideo.
Una de las críticas que las Bases hacen a Fernández es que no informó al Parlamento ni al Partido Socialista que Salom -integrante de su estudio jurídico- defendía a un empresario vinculado a los Peirano. También señalan que Fernández no tuvo consistencia política para contrarrestar las acusaciones del senador blanco Sergio Abreu cuando éste señaló que el ex canciller le pidió una `gauchada` para que promoviera la derogación del artículo 76.
Cuando los Peirano estaban en libertad, Fernández aseguró a Abreu y al diputado blanco Álvaro Delgado que no había consecuencias si se derogaba el artículo.