Fiscal pide procesar a directora de centro nacional de rehabilitación

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PABLO MELÉNDREZ

La Fiscalía pidió el procesamiento de la directora del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Diana Noy, en el caso que indaga la muerte de un recluso. La familia del fallecido prepara una demanda contra el Estado por US$ 50 mil.

La directora del CNR debía declarar ayer en la tarde ante la jueza penal Fanny Canessa y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, quienes indagan las circunstancias en las que el pasado 30 de agosto fue hallado sin vida el cuerpo del recluso Mauro Boz-zatta, de 26 años.

Sin embargo, la jerarca no se presentó ante la sede judicial. Alegó que hasta el 4 de noviembre se encuentra de licencia médica por un pico de stress y complicaciones psiquiátricas, según un certificado emitido por Sanidad Policial que remitió al juzgado.

De todas maneras, Scapusio y el fiscal titular de la sede del Ministerio Público, Luis Bajac, pidieron el procesamiento de Noy al concluir que está debidamente probado que la funcionaria no tomó medidas para preservar la vida de Bozzatta, aun sabiendo que días antes de morir había recibido golpizas de parte de otros internos.

El pedido de enjuiciamiento no especifica si se debe disponer o no la prisión preventiva de la directora del CNR, cosa que definirá la jueza Canessa en su resolución. La magistrada volverá a citar a Noy una vez que termine el tiempo estipulado en su licencia médica, para así tomar una decisión, dijeron fuentes del caso a El País.

El cuerpo de Bozzatta apareció ahorcado en la celda de castigo el pasado 30 de agosto. En los días previos, había sido duramente golpeado por otros internos, ya que había denunciado la existencia de una red de corrupción entre presos y policías. Por las agresiones, un interno resultó procesado por Canessa y Scapusio.

La jueza y la fiscal, que en ese momento indagaban las golpizas al recluso, citaron a Noy para el 31 de agosto, a fin de que se notificara de la decisión de las magistradas respecto a que debía aislar al interno y requisar los teléfonos celulares de los demás reclusos. Ese día, la jerarca fue al juzgado pero omitió informar que Bozzatta había fallecido el día anterior.

Canessa y Scapusio se enteraron el 1° de septiembre del fallecimiento por la prensa y volvieron a citar a Noy a la sede judicial. La jerarca dijo que no consideró necesario dar cuenta de la muerte del interno.

Inicialmente, el CNR informó que el recluso se suicidó. Sin embargo, las pericias forenses ordenadas por Canessa y Scapusio, revelaron que el interno falleció en forma violenta y descartó la hipótesis de la autoeliminación.

Si bien la investigación todavía no permitió determinar quiénes fueron los autores materiales de la muerte de Bozzatta, la Fiscalía entiende que hay elementos que prueban la omisión de Noy en el caso.

ACOSO. Noy y tres educadores del CNR, a través del Ministerio del Interior, presentaron una denuncia contra Canessa ante la Suprema Corte de Justicia y otra ante el Ministerio de Educación y Cultura contra Scapusio. La acción ante la SCJ abarca, además, al actuario del juzgado, César Menoni.

"Es un problema en el trato a la directora del CNR", dijo ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Las denuncias administrativas fueron presentadas la semana pasada por el subsecretario Jorge Vázquez.

Noy y los educadores acusaron a Canessa, Scapusio y Menoni de insultarlos e increparlos en los interrogatorios por lo ocurrido con Bozzatta.

Jueza, fiscal y actuario recibieron ayer varios mensajes de apoyo de parte de colegas y abogados. Uno de los comentarios más generalizados es que con la presentación de las denuncias administrativas por parte del Ministerio del Interior, el "mensaje" que se quiere dar a los operadores judiciales es que "no investiguen lo que ocurre en las cárceles", dijeron a El País fuentes judiciales.

El abogado Luis Compañ, representante de la madre del interno fallecido, dijo a El País que las denuncias del Ministerio del Interior "son una presión indebida a la Justicia", que todavía no se pronunció.

El abogado, en nombre de la familia de Bozzatta, presentará una demanda contra la Secretaría de Estado a la que reclamará US$ 50.000 por concepto del "daño moral" sufrido por la madre y el sufrimiento previo a la muerte que padeció el joven y que se traslada a la madre.

Ingresó al Poder Judicial como funcionaria administrativa en 1972, mientras cursaba la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En 1988 fue nombrada secretaria en el Juzgado penal de 7° Turno. Un año después fue designada jueza de Paz en Rocha. Luego, tuvo varios destinos: Bella Unión, Rivera, Chuy y Maldonado. Desde 2002 es jueza penal en Montevideo. Ha tenido casos de gran connotación como el de Juan María Bordaberry y Bengoa.

Trabaja en el Ministerio Público desde 1979. Su primer cargo fue de secretaria letrada de una Fiscalía penal. Luego pasó por diversas sedes de Montevideo en esa materia, salvo entre 2001 y 2008, lapso en el que ejerció en una Fiscalía civil. A pesar de su trayectoria, no ha sido nombrada titular de una sede en virtud de que no hizo la carrera ocupando destinos en el interior. Desde 1987 es docente de Derecho Penal en la Udelar. En enero de 2011 dejará la Fiscalía y ejercerá la abogacía de forma liberal.