Seguridad y Presupuesto

ALFONSO LESSA

El alevoso asesinato del joven Fabricio Amarelle de 22 años a manos de dos asaltantes, replanteó esta semana con toda crudeza y con su rostro más dramático el problema de la inseguridad pública.

Como en otras ocasiones el botín fue exiguo: escaso dinero, un par de celulares y unos chocolates. Y el costo altísimo: la vida de un muchacho perdida y dos familias -la suya y la de su novia- destrozadas.

Hace tiempo ya que no se trata sólo del delito hecho costumbre, sino también de la violencia utilizada para cometer cualquier ilícito. En este caso, el joven asaltado en su kiosco seguramente perdió el control y no aceptó que le robaran el producto de su trabajo legítimo. En otras ocasiones primero se dispara y después se roba.

Pocos días atrás fueron los jóvenes que intentaban robar, las víctimas de su propio intento de delinquir: portaban un revólver de juguete y el comerciante sin saberlo, accionó su arma. Fue, según la Justicia, un acto de legítima defensa, como otros ocurridos en los últimos tiempos frente a delincuentes realmente armados.

Una vez más los vecinos -conocidos o no de la víctima-- reaccionaron con indignación; no, por supuesto, por lo que le habían mostrado los medios, sino por la angustiante situación que enfrentaban.

Este hecho, reflejo de una realidad indiscutible, explica la prioridad que el presidente José Mujica ha otorgado a la seguridad pública en materia de Presupuesto. Todas las encuestas mostraban en la campaña electoral del año pasado y aún en las municipales de este año, que el tema más importante para los uruguayos era el de la seguridad.

Esa prioridad ha generado reacciones y polémicas incluso por los recortes que implicó en otras áreas.

No resulta casualidad por supuesto que Mujica haya colocado al frente del Ministerio del Interior a una figura muy cercana a él, como Eduardo Bonomi. Y que el subsecretario de Interior, sea Jorge Vázquez, hermano del ex presidente.

Y es que la seguridad pública constituía una deuda pendiente de la izquierda, con una tradición que le hacía apuntar mucho más a las causas últimas del delito y de la pobreza, que a la represión de los ilícitos. Hubo entonces desde el Ministerio expresión de buena intención sin la autoridad necesaria para manejar una fuerza como la policial; o intentos reiterados de desviar las responsabilidades.

Hoy las cosas parecen encaminadas en otro sentido, tanto en el combate al delito más fuerte y organizado, como aquel que ocurre todos los días en las calles y barrios de la ciudad.

Parece claro que existen causas profundas, ligadas a la exclusión social en las que se debe trabajar. Pero también es cierto que para familias como las del Fabricio Amarelle ya no hay explicaciones. Ni tiempo.

El gobierno tendrá el presupuesto que propuso para avanzar en este tema. Y dispondrá de cuatro años para encaminar la situación. Después de una década en el gobierno, será difícil para la izquierda transferir responsabilidades.