Hay mayoría en el FA para enviar a Fernández a un tribunal de ética

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E. Barreneche / S. Cabrera

Ya existen mayorías dentro del Frente Amplio para enviar a Gonzalo Fernández a un tribunal de conducta política. Dirigentes frenteamplistas se reúnen estos días para neutralizar la posición de las bases y de otros grupos izquierdistas.

El próximo lunes, la investigadora del FA cerrará el caso y enviará un informe a la Mesa Política, la que deberá expedirse sobre si Fernández incurrió o no en una eventual responsabilidad política durante el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230. Por esa norma fueron procesados los hermanos Peirano. Junto con su pareja Cecilia Salom, Fernández fue co-patrocinante de un ex director del Banco de Montevideo procesado en el mismo expediente que los Peirano.

Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que los delegados de las Bases, Partido Comunista y Corriente de Izquierda tienen una visión crítica sobre varias conductas de Fernández:

-No informó al FA que su estudio defendía a una empresario vinculado con el caso Peirano. Fernández tampoco lo señaló al Partido Socialista. Una resolución del Comité Central del PS le había prohibido defender a los Peirano.

-Fernández reconoció en el Parlamento que se había olvidado que junto a su pareja patrocinaban a un ex director del Banco de Montevideo.

Las Bases de la Montevideo y la Corriente de Izquierda van más allá de las críticas políticas y también hacen cuestionamientos éticos al ex prosecretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez, señalaron las fuentes.

Uno de los puntos que más alarma genera en los dirigentes frenteamplistas es el eventual daño a la imagen del Parlamento ante la opinión pública, ya que varios legisladores izquierdistas admitieron en la investigadora del FA no saber qué estaban votando cuando derogaron el artículo 76 de la ley 2.230.

Sin embargo, dentro de la investigadora existe una posición casi unánime acerca de que Fernández no intervino en forma espuria en el proceso parlamentario que culminó con la derogación de dicha norma.

A favor de Fernández se encuentran el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista y Alianza Progresista. La gran duda es qué hará el Espacio 609. El sector Claveles Rojos tiene una posición crítica hacia Fernández, mientras que los otros delegados del MPP no se han pronunciado aún, afirmaron las fuentes.

Indicaron que, en forma simultánea a la investigadora, hay "un juego colateral" dentro del Frente Amplio, ya que los sectores negocian entre sí para neutralizar la posición de las Bases. Agregaron que estos grupos saben, sin embargo, que el caso generó un daño político al FA y que una "cabeza deberá rodar" para evitar erosionar la imagen del Parlamento.

PASOS. La investigadora parlamentaria decidirá si cita a los 30 senadores que votaron la derogación del artículo 76 (lo cual es rechazado por la oposición), al periodista Samuel Blixen, al ex canciller colorado Didier Opertti (que participó en la elaboración de la ley concursal) y si envía consultas a juristas.

Se estima que la investigadora culminará su trabajo en octubre. El senador colorado José Amorín indicó que "todos los que intervinieron en el tema ya declararon" y que ahora se ingresa en la etapa final de "estudiar y llegar al final".

El martes 21, en la comisión, el senador blanco Francisco Gallinal marcó una contradicción entre el discurso de Fernández y su pareja en la investigadora. Salom dijo que, si bien Fernández figura como codefensor de Juan Domingo Ratti al haber firmado en 2007 el escrito de 75 páginas donde se contesta la acusación fiscal, su marido no ejerció como abogado defensor. Sin embargo, Fernández dijo a la comisión que no comentó en el Senado que era "defensor" de Ratti porque "todo el mundo lo sabía", recordó Gallinal.

Fernández cuestionó a Abreu por sus declaraciones al semanario Brecha y desligó toda responsabilidad con la ley que derogó el artículo 76: marcó a Abreu como responsable. Quitó trascendencia a su asesoramiento al diputado blanco Álvaro Lorenzo y dijo que fue apenas una consulta telefónica a las apuradas.

La investigadora parlamentaria espera que Tabaré Vázquez responda esta semana al primer cuestionario enviado la semana pasada, dijo a El País el presidente de la comisión, el frenteamplista Jorge Saravia. Allí se le preguntaba a Vázquez por qué no vetó la ley que derogó el delito por el que habían sido procesado los Peirano.