Contribución a las chacras marítimas viola la Constitución

El cambio en el criterio de la Intendencia de Maldonado para cobrar Contribución Inmobiliaria urbana a inmuebles que son rurales "es inconstitucional", dijo a El País el experto tributario del Estudio Ferrere, Alberto Varela.

Señaló que, según la Constitución, los inmuebles rurales deben pagar contribución inmobiliaria rural, que es un impuesto más bajo que el urbano, porque se trata de propiedades que no reciben los servicios municipales propios de las zonas urbanas: saneamiento, iluminación, recolección de basura, etc. "No están en el arrabal de una ciudad, no forman parte de una continuidad de casas, que es lo que define una zona urbana", observó Varela.

Recordó que "la Constitución uruguaya establece que la Contribución Inmobiliaria aplicable a predios rurales no la fijan los gobiernos departamentales sino el gobierno nacional por una ley nacional", que es del 1,25% sobre el valor catastral del inmueble. El dinero que se recauda por este tributo le pertenece al departamento, explicó.

Varela sostiene que "los gobiernos departamentales no pueden fijar Contribuciones inmobiliarias sobre predios rurales, como lo está queriendo hacer la Intendencia de Maldonado mediante una ficción legal, porque esa potestad la perdieron en la Constitución de 1967", indicó.

Recordó que entre 1952 y 1967 los departamentos gozaron de absoluta libertad para fijar y cobrar este impuesto en su territorio. Esto generó "una especie de `guerra de las Contribuciones Inmobiliarias`, antecesora de la nefasta `guerra de las patentes` actual", en la que había departamentos que para atraer compradores, bajaban la contribución, mientras otros, en cambio, "conscientes de sus buenas tierras y rutas nacionales subían la contribución hasta donde el mercado resistiera".

Para terminar con esta "guerra" la Constitución de 1967 le quitó a los departamentos la facultad de fijar la contribución inmobiliaria rural y se la dio al Gobierno Nacional. "Fue una forma ingeniosa de terminar con 19 contribuciones rurales diferentes", dijo.

Ahora, la necesidad fiscal de la Intendencia de Maldonado lleva a que busquen cómo gravar las llamadas chacras marítimas "ubicadas claramente en zona rural". Y lo hacen "realizando la ficción de que la vivienda de la chacra está ubicada en una ciudad". Para Varela esto es "digno de un mago: la casa que está en el campo se traslada a la ciudad, lo que "es eludir lisa y llanamente la norma de la Constitución".

"Se dirá que es injusto que una chacra de un millón de dólares pague menos contribución que una casa ubicada en Punta del Este que vale lo mismo. Pues bien, si se quiere corregir esa injusticia, hay que reformar la Constitución, no violarla", sostuvo.