El lunes 13 declarará en un juzgado civil el ex director de OSE, Fernando Nopitsch, en una demanda por daños y perjuicios que presentó un funcionario del organismo. Este reclama US$ 1,2 millones bajo el argumento de que fue perseguido y que su salud se deterioró luego de investigar supuestas irregularidades en OSE.
El funcionario es Diego Rodríguez Olaso, instructor designado por el directorio de OSE que asumió en 2005, para realizar investigaciones administrativas sobre la locomoción del organismo.
Dicha investigación, incluida en la denuncia penal que el Directorio del ente presentó, derivó en el procesamiento con prisión de los ex directores Carlos Rodríguez Landoni, Hugo Granucci y Juan Justo Amaro, el pedido de desafuero del diputado Alberto Casas y el procesamiento de más de diez funcionarios.
Tras las investigaciones, Rodríguez Olaso fue trasladado al área de Transporte de OSE, donde se desempeñan personas que investigó.
Pese a los pedidos médicos, no lo sacaron de ese lugar y tras una extensa licencia por peligro de infarto, se le mantuvo en una oficina en el segundo subsuelo ocupando un escritorio tras una puerta que dice "supervisores de limpieza", pero sin darle trabajo.
Un médico grado cinco en la cátedra de Cardiología redactó un informe sobre la salud de Rodríguez Olaso, en que señala que "el paciente es portador de mayor riesgo vascular posibilidad de eventos mayores como muerte, infarto o accidente vascular encefálico" y que la tensión emocional está "notoriamente vinculada a la situación laboral".
El médico incluso consideró que "dado que su conflictividad laboral es causa mayor de su inestabilidad psicológica", es "razonable que realice el trámite jubilatorio que pueda corresponderle".
Paralelamente al juicio civil, se tramita un expediente penal iniciado por denuncias de Rodríguez Olaso, en las que señala que las indagatorias de irregularidades en OSE fueron congeladas tras los procesamientos. En ese expediente declararon ex directores y funcionarios del ente, y se prevén decenas de nuevas declaraciones, expresaron fuentes del caso a El País.