Blancos con Suprema Corte por antecedentes de menores

La bancada del Partido Nacional prepara un proyecto de ley para agravar las penas a menores, mantener los antecedentes una vez que cumplan 18 años y crear un instituto de rehabilitación. Su contenido ya fue acordado entre los senadores Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.

Esta mañana, los diputados Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Ami Niffouri se reúnen con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, para analizar la propuesta de que los antecedentes judiciales de los menores infractores no se eliminen una vez que la persona cumpla la mayoría de edad.

Esta medida ya fue propuesta por Lacalle Pou en forma asilada, aunque será incluida en la iniciativa de seguridad pública que prepara el Partido Nacional. Ahora los tres legisladores buscarán la opinión de Chediak, quien ya le había manifestado a El País ser partidario de mantener los legajos de los menores.

Lacalle Pou quiere eliminar el segundo párrafo del artículo 222 del Código de la Niñez, donde se indica que "los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir 18 años o al cese de la medida".

El diputado blanco plantea que esos antecedentes no se destruyan, sino que "queden en custodia y solo puedan ser utilizados si la persona comete un delito luego de los 18 años". Larrañaga llamó a Lacalle Pou hace dos semanas para hablar del tema. El diputado se mostró dispuesto a trabajar en conjunto "si no se desdibuja ni se desmerece el tema específico de los antecedentes de menores".

Lacalle Pou quiere que Chediak le cuente "cuál es la situación de los jueces cuando se encuentran con mayores de edad con un pasado delictivo, el cual no se conoce a ciencia cierta porque los antecedentes se destruyeron". Y adelantó: "Creemos que se les complica emitir una sentencia cuando no tienen todos los elementos a mano. Hay que seguir creando conciencia y hablando con aquellas personas importantes a nivel de seguridad y Justicia, respecto a que es urgente la modificación del artículo 222 del Código del Niño".

Otras medidas incluidas en el proyecto nacionalista apuntan a elevar de cinco a diez años la pena máxima de privación de libertad para los menores de 16 a 18 años que cometen delitos tipificados como gravísimos (homicidio, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes, además de la tentativa de homicidio, privación de libertad y secuestro), pero siempre bajo la Justicia de Menores.

Esa medida, que agrava la responsabilidad penal para los menores, también se incluye en el proyecto de ley sobre seguridad pública que prepara desde hace un par de semanas el Partido Nacional a sugerencia de Larrañaga y con medidas propuestas por los diputados de Unidad Nacional (UNA) Luis Lacalle Pou y Gustavo Borsari y por el senador de Alianza Nacional Carlos Moreira.

"Ya lo hablé con Lacalle y me dijo que está conteste en promover en el Poder Legislativo lo que acordamos para el programa de gobierno", dijo Larrañaga, presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional.

Una segunda medida que planteará el proyecto nacionalista es "generalizar" la penalización de la tentativa, coautoría y complicidad en los delitos "gravísimos" cometidos por menores, lo cual hoy no se aplica en todos los casos.