El Parlamento, el Frente Amplio y la Justicia investigan a Fernández

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J.L. AGUIAR

La revelación de que el ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández patrocinaba la defensa de un ex director del Banco de Montevideo, dato que omitió informar al Parlamento, causó sorpresa y revuelo entre los legisladores de la oposición.

"Siento que se le tomó el pelo al Senado", declaró indignado el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry.

Como un remedio amargo que se administra con cuentagotas, surgen casi a diario inesperados elementos que arrojan sombras sobre la actuación de Fernández, catedrático de Derecho Penal, y que involucran también a su pareja e integrante de su estudio legal, la abogada Cecilia Salom.

La justicia especializada en crimen organizado, en el turno del juez Jorge Díaz, comenzó a analizar la presunta implicancia de Fernández en el proceso de clausura del expediente judicial de los hermanos Peirano. Fuentes consultadas por El País confirmaron que no se descarta la posible tipificación de un delito de "conjunción del interés público y el privado".

Fernández era Ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 2008, cuando firmó la promulgación de la norma que derogó el único artículo vigente (Art. 76) de una ley de 1893, por la cual habían sido procesados los hermanos Peirano Basso y el ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti, cliente cuya defensa patrocinaban "indistintamente" Fernández y Salom.

El fiscal Ricardo Perciballe pedirá los antecedentes que obran en poder del Parlamento y el Poder Ejecutivo.

AGITACIÓN. En el ámbito político era palpable ayer el desconcierto y la indignación que provocó el proceder de Gonzalo Fernández en su reciente comparecencia en el Senado, donde se defendió de las sospechas de haber influido en la situación legal de los Peirano.

"Lo más grave es que a Fernández se le escuchó en el Senado y él no informó que estaba asistiendo a alguien que podía verse beneficiado por el artículo que se derogó a sugerencia suya", destacó Bordaberry a El País.

"Por una cuestión de lealtad con sus pares, los senadores, tendría que haber dicho que su señora defendía a uno de los implicados y que él había presentado un escrito donde establecía y asumía la defensa de uno de ellos. Eso no fue leal", agregó.

El senador nacionalista Carlos Moreira, que integrará la comisión investigadora votada por el Parlamento, afirmó que le llama "mucho la atención" que Fernández estuviera involucrado "en la misma causa judicial de los hermanos Peirano" y omitiera "informar al Senado".

En filas del Frente, en cambio, primaba la reserva y en los principales sectores se inclinaban a "investigar" los hechos "en la interna" de la coalición.

El propio Fernández, consultado por El País, declinó hacer comentarios y se limitó a expresar a regañadientes: "No tengo nada que decir".

La senadora socialista Mónica Xavier dijo que la nueva información surgida sobre Fernández "va a ser motivo de estudio en el ámbito del Frente" y el tema "también será debatido el próximo lunes por la dirección del Partido Socialista".

Fuentes del MPP indicaron que están "proclives a esperar los acontecimientos".

"Estos son nuevos elementos que hay que investigar. El MPP tiene más confianza en la investigación de la fuerza política que en la del Parlamento", agregaron.

Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, señaló que la comisión especial cuya creación decidió la Mesa Política del Frente Amplio "analizará el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230", pero no sugirió que ese análisis vaya a tener a Gonzalo Fernández como centro.

PROYECTOS. Mientras, legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado se aprestan a evaluar diversos proyectos de ley en relación con el caso.

El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, anunció que junto a los legisladores de su sector Sergio Abreu, Eber Da Rosa y Moreira se abocarán a un proyecto de ley interpretativo para rehabilitar los procesos penales clausurados, sin vulnerar la competencia judicial.

A su vez, el diputado de Vamos Uruguay Fitzgerald Cantero se encuentra trabajando con otros dirigentes del sector en un proyecto que establezca impedimentos legales para quienes desempeñan cargos en el gobierno, particularmente en la Presidencia y en ministerios, de ejercer tareas profesionales privadas. La inhibición comprendería a médicos, abogados, escribanos y contadores, entre otros profesionales.

El senador Luis Alberto Lacalle no quiso emitir juicios sobre Gonzalo Fernández.

SUSPICACIAS. Cuando se sometió a consideración del Parlamento la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, en noviembre de 2008, Fernández fue consultado por legisladores sobre las eventuales consecuencias que podría tener en la causa de los Peirano.

El entonces canciller desestimó que la derogación de ese artículo alterara ningún proceso jurídico, y así lo hizo saber ante una consulta específica del diputado nacionalista Álvaro Lorenzo.

De hecho, los hermanos Peirano y Ratti estaban en libertad provisional desde 2007.

Cecilia Salom era asesora jurídica de la bancada socialista cuando se trató la derogación del artículo y, al parecer, no advirtió entonces a sus correligionarios los efectos que ello podría traer.

Sin embargo, en marzo de 2009, cuatro meses después de que se promulgara la ley, Salom pidió la clausura del expediente judicial que involucraba a su cliente Juan Domingo Ratti. "No puede caber duda de que la derogación del artículo 76 (...) determina (...) la clausura automática de este proceso", rezaba en su escrito.

Fernández ya había estado sometido a un intenso fuego cruzado hace tres años, bajo la administración Vázquez, cuando fue acusado de defender a empresas privadas y particulares en diversos casos en los que el Estado era demandante, y al mismo tiempo ejercía labores de gobierno.

El ex canciller no veía ningún conflicto de intereses.

Entrevistado en aquel entonces por El País, Fernández se quejaba de que "le pegaban" injustamente.

"Yo creo que son tiros por elevación para el presidente (Vázquez)". Tal era la explicación que encontraba.

Gonzalo Fernández no nos informó a los senadores. Siento que nos tomó el pelo cuando no dijo que estaba asistiendo a alguien que se podía ver beneficiado por la derogación (del artículo 76) en la que él tuvo cierta participación. Este asunto es poco claro. Parece un culebrón venezolano. Todos los días aparece una vuelta de tuerca más grave".

Esto que se conoció ahora sobre la participación de Gonzalo Fernández en la defensa del señor Ratti nos llama mucho la atención, porque estaba involucrado en la misma causa judicial de los hermanos Peirano, eso debe ser investigado. Esto nos involucra a todos los que votamos la ley. Fernández omitió contarlo al Senado, y era pertinente que lo dijera.

No se le pagó a ningún legislador, ni a Fernández, para la clausura del expediente. Los legisladores no tuvieron en cuenta la decisión del Tribunal. Pero es la primera vez en la historia que un Tribunal de Apelaciones -y esto es lo que llama la atención- que clausura un expediente a pesar de que estaba en marcha el pedido del fiscal. Ningún otro había actuado así".