La Inspección General del Trabajo anunció ayer una serie de medidas que apuntarán a reducir el informalismo entre las empleadas domésticas. El plan incluye un "operativo" de inspección en los hogares que comenzará en noviembre.
El Inspector General de Trabajo (IGTSS), Juan Andrés Roballo, informó que este "operativo" -que será en Montevideo y el interior- consistirá en proporcionar información tanto a trabajadoras como a empleadores, donde se expliquen los mecanismos existentes para la regularización de las domésticas "en negro".
Se estima que el informalismo abarca al 50% del total de trabajadoras del sector (unas 100 mil personas).
Además, esta iniciativa apuntará a relevar información sobre el grado de incumplimiento del registro de los trabajadores en el BPS y de la propia ley 18.065 que reglamenta el Trabajo Doméstico.
Roballo hizo estos comentarios en conferencia de prensa junto a autoridades del MTSS, y ante legisladores, y representantes gremiales.
El inspector de Trabajo destacó que "pese a ser una de las áreas con mayor informalidad, el nivel de denuncias ante la Inspección es ínfimo comparado con otros ámbitos".
El hecho de que el lugar de trabajo sea el hogar, incide en que las trabajadoras opten muchas veces por no presentar sus reclamos laborales.
Roballo informó que la IGTSS actuará de oficio y preservará la identidad de la doméstica que concurra a las dependencias de la Inspección.
Los recursos de fiscalización que maneja el Ministerio de Trabajo incluyen la inspección domiciliaria -previa orden judicial-, aunque ésta será manejada como un último recurso, subrayó Roballo.
En tanto, la diputada Ivonne Passada, presidenta de la Cámara de Representantes y el director de Trabajo Luis Romero, aludieron a la necesidad de fortalecer a este sector de trabajadores.
El jefe de Dinatra adelantó que desde esa repartición se apostará a "la generación de un convenio colectivo que contenga todos los compromisos entre empleador y empleado, pero también el fomento de los derechos sindicales", dijo Romero.
Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, con estas acciones se busca que las trabajadoras domésticas, un sector históricamente postergado, tenga "el acceso a todos los beneficios que ofrece el Estado en materia de protección y seguridad social".