ALFONSO LESSA
Un comandante en jefe y otros altos oficiales de la Armada procesados con prisión acusados de fraude continuado -que se suman a otros marinos también presos e investigados- constituyen la expresión más descarnada de un escándalo sin precedentes que seguramente tendrá nuevos capítulos.
Ese impactante "thriller" de la Marina de Guerra y las eventuales responsabilidades en la eliminación del artículo que permitió la clausura de la causa contra tres de los hermanos Peirano Basso, siguieron sacudiendo a la opinión pública en los últimos días.
Las compras inexistentes que motivaron los nuevos procesamientos -que todo indica no fueron las únicas- son sólo una parte de un conjunto de irregularidades y maniobras mucho mayor.
El propio ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció más denuncias e investigaciones, en una semana particularmente activa, en la que se reunió con legisladores de todos los partidos para imponerlos de las novedades y con todos los contraalmirantes y visitó el Comando del Ejército.
El escándalo significa un golpe muy duro para una Armada que ha reclamado reiteradamente recursos para cumplir con su misión. En la Marina existe nerviosismo y desconfianza, entre otras cosas, porque nadie sabe hasta dónde llega esto.
Por otra parte, nuevas denuncias del semanario Brecha, volvieron a ubicar al ex secretario de la Presidencia y ex canciller, Gonzalo Fernández, en el eje del debate sobre la clausura de la causa de los hermanos Peirano; esta vez, por la presunta actuación de su pareja, la abogada Cecilia Salom, que, según el semanario, habría aducido la derogación del mencionado artículo para lograr el cierre de la causa de uno de los gerentes del Banco Montevideo. El viernes, desde Argentina en declaraciones a Telemundo, la abogada negó tajantemente la versión.
Los dos casos mencionados son diferentes y están claramente desvinculados, pero tienen en común el referirse a hechos ocurridos durante el gobierno de Tabaré Vázquez o involucrar a actores del mismo.
Su simultáneo estallido público ha generado preocupación entre algunos de quienes piensan en la reelección de Vázquez.
Nadie, sin embargo, puede cuestionar el fondo de la cuestión: ¿Quién puede criticar al ministro de Defensa o al gobierno por la decisión de desentrañar una trama de corrupción en la Armada?
¿Quién puede dudar de la relevancia de discutir una decisión del Parlamento, sobre cuyas consecuencias los legisladores de todos los partidos no estuvieron bien informados? Una discusión que al mismo tiempo abre otra pregunta realmente inquietante: ¿Fue esta una excepción o suele ocurrir este tipo de votaciones sin un debido conocimiento?
Todo eso parece indiscutible: sin embargo estos dos sucesos, sumados a otros desencuentros ocurridos en tiempos electorales y algunos más recientes, han exacerbado algunas sensibilidades y no faltan las suspicacias respecto a deudas pendientes y el camino hacia 2014.