Miembro de la Iglesia Evangélica Bautista y presidente de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos, el diputado herrerista por Rivera, Gerardo Amarilla, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la "estabilidad moral y material del matrimonio y la familia", que incluye incentivos para casarse y trabas a la hora de pedir el divorcio.
La iniciativa va en la línea contraria a la seguida por la administración de izquierda, que en el período pasado habilitó la unión concubinaria incluso para personas homosexuales.
Amarilla es diputado de la Lista 15 de Rivera y hace pocos días organizó el evento "Parlamento y fe", una actividad "de reflexión" para difundir "valores" que se realizó en el Palacio Legislativo y donde participó gente vinculada al trabajo legislativo y a la religión.
El proyecto de ley de Amarilla exonera "todos los timbres, tasas, costos de publicaciones correspondientes al trámite de celebración del matrimonio civil, con la única excepción de los gastos percibidos por los traslados a domicilio de los oficiales de registro civil".
Además, la iniciativa plantea que el Banco República instrumente una línea de crédito especial con bajo interés destinada a las parejas jóvenes que acrediten haber realizado los trámites para el matrimonio o que se hayan casado en los últimos seis meses.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) incluirán en sus líneas de crédito y en sus complejos de viviendas un 10% de las soluciones habitacionales para las parejas jóvenes que al momento de la inscripción "acrediten haber realizado los trámites para la celebración del matrimonio" o sean recién casados, según indica el texto, que no ha sido discutido a nivel de la bancada del Partido Nacional.
DIVORCIOS. Amarilla propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cree una dependencia de "apoyo y fomento a la familia" en todas las capitales departamentales, las cuales contarán con apoyo profesional y multidisciplinario de abogados, asistentes sociales, psicólogos y sexólogos.
Esa oficina se encargará de "la promoción del matrimonio y la familia, así como del asesoramiento de los cónyuges propendiendo al mantenimiento del matrimonio y la unidad de la familia".
Pero además en esa oficina se llevarán adelante las instancias de conciliación previas al divorcio. El proyecto dice que no podrán iniciarse "los trámites tendientes a la disolución del matrimonio establecidos en el Código Civil sin acreditarse que se ha intentado la conciliación previa entre los cónyuges" ante la oficina mencionada.
El proyecto modifica el Código General del Proceso para establecer que la conciliación previa a los juicios de divorcio y separación de cuerpos "se realizarán en vía administrativa". A través del Mides, el Ministerio de Educación y los entes, la iniciativa también instrumenta programas "de sensibilización y educación sobre la importancia del matrimonio civil para propender a la estabilidad moral y material de la familia".
CAMBIOS. Cada año hay "más divorcios que matrimonios y se han generalizado las uniones libres y concubinatos en el seno de nuestra sociedad", lamenta Amarilla en la exposición de motivos del proyecto de ley.
El aumento de los divorcios y las nuevas formas "más inestables que el matrimonio civil", atentan "fuertemente contra esa estabilidad moral y material por la que el Estado debe velar según la Constitución de la República", opina Amarilla.
Los "fracasos" matrimoniales provocan "problemas de índole emocional, afectivo y patrimonial", dice el diputado. Y "en la mayoría de los casos encontramos también a los menores como víctimas de esas relaciones truncadas", advierte el diputado nacionalista.