Injusticia salarial

RICARDO REILLY SALAVERRI

El gobierno nacional presidido por el Dr. Tabaré Vázquez agregó a la convocatoria a consejos de salarios solución igual para el trabajo rural y para los empleados públicos, excluidos los dependientes de las intendencias departamentales.

Los empleados públicos, ubicados en una situación estatutaria, perteneciente al Derecho administrativo y público, tienen regulaciones propias de trabajo, incluido el tema salarial. El Derecho laboral, vigente en el sector privado es distinto del Derecho administrativo público (hay algunas disposiciones como las relativas a la libertad sindical, o a la jornada de trabajo emanadas de convenios internacionales del trabajo de la O.I.T., que son comunes a ambos sectores).

La reglamentación de lo privado y lo público difiere respecto del trabajo dependiente. En un caso el empleador es un particular, que asume el riesgo de su organización del trabajo y en la otra, lo es el Estado a través de sus dependencias, en las que quien paga a los dependientes del Estado y a toda la organización estatal, el gasto que generan, incluidos los rubros salariales, es la sociedad, a través de los impuestos nacionales y departamentales y de los precios de los servicios de las monopólicas y cuasi monopólicas empresas estatales. En nuestro país la casi totalidad del gasto del Estado, se vincula al pago de sueldos, asistencia a la seguridad social y deuda externa.

Como consecuencia, en la negociación colectiva pública no hay estrictamente parte empleadora, ya que en el mejor de los casos habrán de participar funcionarios políticos representando al interés de su gobierno, o dependientes estatales ubicados presupuestalmente en cargos de mayor jerarquía, que negociarán con sus subalternos. Se tratará siempre de un diálogo entre empleados públicos, que suelen tener intereses en común y un "paganini" en común: la población contribuyente (IVA, IRPF, renta empresarial, precios, etc.).

El contribuyente y pagador de precios, está cautivo de la organización estatal y es rehén de las decisiones que el Estado toma en relación con su política salarial pública. Y, quien termina pagando el costo laboral del Estado y la estabilidad de sus funcionarios es el trabajador privado, carente de la estabilidad y el privilegio de pertenecer a una entidad de vida "eterna" asegurada. En la que campea la mala administración y una monumental diferencia promedial en los montos en valores reales de las retribuciones, debido a la mayor capacidad de presión y daño social de las organizaciones sindicales, vinculadas con entidades estatales (empresas, bancos e intendencias) que manejan recursos propios, o que están próximas a los centros de elaboración del presupuesto.

La consecuencia de lo anterior es una diferencia sustantiva entre los sueldos de policías y maestros respecto de los de empleados de bancos o empresas estatales, y de todos éstos con los de los trabajadores privados. La injusticia salarial vigente en el país se debe ina- pelablemente a una falta total de solidaridad entre los traba- jadores promovida, especial-mente, por los sindicatos estatales. Movidos por un cerrado egoísmo.