Privados: ronda de salarios demorada

Pablo Melgar

La negociación en los Consejos de Salarios de privados se retrasa por la demora en la elaboración del índice de actividad sectorial. El dato es clave para los acuerdos salariales. DGI estima que le llevará cuatro semanas concluir el estudio.

En la primera etapa de instalación de las mesas de negociación colectiva la representación empresarial reclamará al gobierno que aporte los datos de crecimiento sectorial a lo que se comprometió en mayo.

La confección del informe fue encargado por Economía a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Banco de Previsión Social (BPS). El director de DGI, Pablo Ferreri, aseguró a El País que el informe está en proceso de elaboración y estima que podrá estar pronto en un mes.

El informe contendrá los movimientos impositivos en cada sector. Para algunas mesas de negociación, como curtiembres y frigoríficos, la información es determinante para definir los niveles salariales.

El índice fue ofrecido a las partes por el gobierno en mayo en ocasión de presentar los parámetros para la negociación salarial. La ley de negociación colectiva definió que las partes tienen libertad para asumir o no los parámetros fijados.

"El atraso es una dificultad para la negociación que puede entorpecer la actividad de las mesas", dijo el encargado de negociación colectiva del Pit-Cnt, Milton Castellano.

Por su parte, los empresarios entienden que los datos discriminados por sector son una herramienta clave para las negociaciones. Sostienen que, mientras no estén los datos sectoriales, se puede ir acordando otros puntos. "No va a ser fácil negociar sin esa información porque las partes no están en condiciones de armarla. Con los datos que manejamos se alcanza a ver la totalidad de la economía pero se pierde el detalle de los sectores", dijo uno de los empresarios negociadores que prefirió no identificarse.

De cualquier forma la central obrera presentará sus reclamos de acompasar el crecimiento de los salarios con los de la economía, un aumento del salario real y la priorización de los salarios menores a $10.000, entre otros.