Un año de conflictividad espera a la gestión Mujica

1/1

DIEGO FERREIRA

El gobierno no tiene asegurada la paz sindical. La puja por el Presupuesto y los Consejos de Salarios amenazan con encender la conflictividad laboral de parte de los sindicatos, aún disconformes con las propuestas del Poder Ejecutivo.

Si bien ambos temas están en ciernes, las cartas que el gobierno ha puesto sobre la mesa para los trabajadores públicos y privados no colman las expectativas del movimiento sindical. Su disconformidad puede llevar a que se cumpla una máxima: "el año en que hay más conflictividad en un gobierno siempre es el primero", según sostiene Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.

Aunque la administración Mujica está registrando una conflictividad baja, se observan cambios respecto al primer año del gobierno de Tabaré Váz-quez. El 2005 fue la excepción a esta regla, en vista de las expectativas generadas por la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno en los sindicatos. La asunción de Vázquez supuso el arribo, por primera vez, de un partido con una posición "afín" al Pit-Cnt, afirma el experto. Esto se tradujo en el compromiso del Ejecutivo de lograr la recuperación del salario perdido por la crisis de 2002, concretar aumentos importantes para el sector público, y recoger demandas de los trabajadores en el Presupuesto.

Cinco años después, y con algunas de esas metas cumplidas, los gremios muestran diferencias con las pautas del gobierno de Mujica fijadas desde el Ministerio de Economía a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ahora "el movimiento sindical aspira a un crecimiento del salario real mayor que el que está ofreciendo el gobierno", apunta Rodríguez. A esto se suma que en el Presupuesto, "para el primer año, hay una situación compleja que hace que, probablemente, se opte por una alternativa macroeconómica más restrictiva en términos fiscales".

En consecuencia, el Pit-Cnt comenzó a "marcar la cancha". A sólo tres meses de asumir el nuevo gobierno, la central realizó su primer paro general parcial (el 9 de junio) con el Presupuesto y los Consejos de Salarios como ejes temáticos. En el acto que acompañó el paro, se marcó que los criterios salariales para los ajustes privados eran "insuficientes".

Una respuesta similar surgió del seno de los gremios públicos, molestos además por las críticas de Mujica a los traba-jadores estatales en cada alusión suya a la reforma del Esta- do. "Vemos que se va a generar una conflictividad importante", auguró Joselo López, secretario general de COFE. La confederación sindical de la Administración Central evalúa realizar movilizaciones si no se llega a un acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre los lineamientos salariales, dijo el sindicalista.

Mientras, los gremios del sector privado advierten que un eventual estallido de conflictividad se activará en función de cómo actúen las contrapartes, en particular los empresarios, quienes ya advirtieron que la ronda salarial será complicada.

"La conflictividad no es algo a priori; depende de cómo se ubiquen las partes. Sí me parece que va a haber mucha movilización democrática de la clase obrera, tanto para incidir en el Presupuesto como en los Consejos de Salarios. Eso no implica necesariamente conflictividad o enfrentamientos agudos", señaló Marcelo Abdala, integrante del Secretariado del Pit-Cnt. Que la preocupación de los sindicatos se convierta en medidas de fuerza dependerá de la "flexibilidad que tenga el gobierno y principalmente las patronales", sostuvo.

El mecanismo de ajuste salarial en el sector privado divide a las partes. El Ministerio de Economía plantea aumentos anuales, en base a: inflación proyectada, crecimiento del PIB, más indicadores sectoriales. Estos dos componentes tienen una correlación 50-50. Los empresarios exigen que el componente sectorial tenga mayor preponderancia en la fórmula de ajuste y que el PIB no afecte los salarios o al menos su incidencia se acote a un 20%. El Pit-Cnt pretende que la inflación se calcule sobre expectativas privadas y no con los datos del Banco Central. Además requiere que el Salario Mínimo Nacional crezca 50% en 2 años y no en 3 como planteó el Ejecutivo.

En el sector público, el gobierno prevé contar en el quinquenio con US$ 300 millones para atender reclamos salariales concretos. Los gremios están de acuerdo con que se asegure el mantenimiento del salario real atándolo a la evolución del PIB, pero cuestionan que el gobierno defina qué sectores deben recibir los mejores ajustes a efectos de eliminar inequidades salariales (Policía y Ministerio de Defensa).