Despedido de ONG tras saberse que tenía HIV

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EDUARDO BARRENECHE

La ONG Educación Solidaria, que opera centros para niños con el Mides e INAU, despidió a un trabajador el mismo día en que el BPS le informó que tenía HIV. El empleado, sin casa, durmió 20 días en una carpa y en salas de espera de hospitales

Esta situación ocurre en un momento en que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) cuestiona al Banco de Previsión Social (BPS) la posibilidad de que el organismo estatal informe a las empresas sobre las enfermedades de los trabajadores.

J.T., de 40 años, se encontraba internado en la habitación 339 de la mutualista Casa de Galicia cuando la empresa resolvió despedirlo. Según consta en un documento del BPS, al que tuvo acceso El País, el empleado cesado estaba internado en esa mutualista por una neumopatía aguda supuestamente generada por el virus HIV.

El documento también señala que J.T. gozaba de licencia médica entre el 18 de marzo y el 10 de abril de este año. Sin embargo, la ONG Educación Solidaria lo despidió el 31 de marzo de este año. Es decir, le dio la baja cuando J.T. aún se encontraba internado en la mutualista.

La historia laboral del trabajador despedido muestra que la fecha de la baja en el BPS es la misma del certificado médico expedido por Casa de Galicia donde consta que tenía HIV: 31 de marzo de 2010. Cinco días más tarde, el 5 de abril de este año, J.T. se presentó al BPS para solicitar el subsidio de desempleo.

Durante ocho meses, J.T. realizó tareas de mantenimiento en los distintos centros de la ONG y por las noches era sereno del Centro Juvenil La Frontera -ubicado sobre la ruta 101- que pertenece a la entidad social. Percibía $ 8.000 mensuales líquidos por esas tareas. "Cuando salí de la mutualista, fui al Centro La Frontera. Uno de los encargados de la ONG me dijo que me despidieron porque no querían gente con SIDA. Yo no trabajaba con los niños que atiende la ONG. Hacía trabajos de mantenimiento", relató.

Otros funcionarios de la ONG, quienes pidieron el anonimato por temor a perder sus empleos, ratificaron la versión de J.T. sobre las causas del despido. El trabajador despedido supo que tenía esta enfermedad en 1997. Al quedar sin trabajo, la depresión generó que la carga viral aumentara en forma alarmante.

"No tengo dinero para los medicamentos. Tampoco tengo casa donde vivir. Estuve unos días con mi hermano. Pasé 20 días en una carpa. Pero los fríos me cayeron mal. Decidí dormir en la sala de espera de los hospitales Clínicas y Maciel y en la terminal Tres Cruces", relató a El País.

DIFERENCIAS. Mario Sarubo, quien ordenaba al trabajador las tareas de mantenimiento que debía realizar en los centros de la ONG, negó que el cese de J.T. estuviera vinculado al hecho de que este tiene HIV.

Indicó que la ONG sabía desde hace tiempo sobre la enfermedad de J.T., porque vecinos de Colonia Nicolich les advirtieron sobre esta situación. "No hubo discriminación. Fue un despedido acordado entre ambas partes porque el estado físico de J.T. no le permitía trabajar en la intemperie", señaló Sarubo.

También negó que haya recibido una comunicación del BPS donde consta la dolencia de J.T. y reconoció que el despido se hizo cuando este gozaba de licencia médica.

"El despido se hizo siguiendo las normativas legales. Se le pagó todo lo que la ley establece", concluyó Sarubo.

La ONG Educación Solidaria atiende a cientos de niños en la ruta 101 a la altura del kilómetro 32,500 (cerca de Colonia Nicolich). Pero además de ese local, la organización posee centros de atención a la infancia (CAIF) y Clubes de Niños en convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en otras zonas del departamento de Canelones, señalaron a El País empleados de Educación Solidaria.

La ONG también realiza tareas de apoyo al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Por ejemplo, asisten a los clasificadores de residuos de Paysandú luego que fueran contratados por el Mides en el marco del programa "Uruguay Clasifica".

Educación Solidaria, también en convenio con el Mides, gestiona el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial de San Antonio (Socat) en Maldonado y realiza diversas tareas de apoyo y capacitación a personas de bajos recursos en todo el país.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) está enfrascado en una áspera polémica con el Banco de Previsión Social (BPS) ante el nuevo requerimiento administrativo de consignar el diagnóstico del paciente en el formulario de certificado médico laboral. El gremio médico advirtió que, según sus asesores jurídicos, "el diagnóstico es un elemento comprendido en el secreto médico y por tanto el médico está obligado a no divulgarlo a nadie so pena de cometer delito" (art. 302 del Código Penal). El SMU sostiene que el BPS solo puede informar del diagnóstico en casos excepcionales previstos por la ley. Y en función de ello, "el médico está impedido de consignar públicamente el diagnóstico, y no puede ser obligado a ello por su empleador en tanto este último no puede obligarlo a cometer delito". El vicepresidente del BPS, Hebert Galli, dijo a El País que el organismo está "abierto" a analizar los cuestionamientos del SMU, aunque discrepó con la tesis de que el nuevo sistema de certificación suponga violar el secreto médico. Dijo que quienes tienen acceso a esa información del paciente (incluido su diagnóstico y hasta tratamiento recomendado) son el equipo médico de la mutualista y los funcionarios del BPS que están afectados a la tarea, y lo deben "manejar con reserva".