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Tres especialistas en Derecho Laboral coincidieron en que, más allá de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, la ley de Abreviación de Juicios Laborales vigente desde el 1° de febrero deberá ser modificada.

"La celeridad impuesta a fuerza de plazos imposibles de respetar puede conspirar contra la aplicabilidad efectiva de la ley", alertó el abogado laboralista y rector de la Universidad de Montevideo (UM) Santiago Pérez del Castillo.

La nueva legislación creó un modelo procesal independiente del Código General del Proceso (CGP) y estableció dos tipos de juicios de rápida tramitación: uno de instancia única para reclamos menores a $ 81.000 y otro para juicios que superen ese tope, pero en el que para apelar hay que depositar el 50% del total de la condena.

Al disertar ayer en un curso sobre el nuevo modelo procesal laboral, que se dicta en la UM, Pérez del Castillo dijo que el sistema hace que "los abogados no lleguen a las audiencias con el tiempo suficiente y tengan incertidumbre, por lo que actúan por las dudas". Por ese motivo, los jueces deben hacer "malabarismo" con las agendas de las sedes, señaló.

El rector de la UM -que fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Jorge Batlle- opinó que más allá de la posición que adopte la Suprema Corte de Justicia respecto a los más de 400 recursos de inconstitucionalidad planteados contra el nuevo sistema procesal laboral, será necesario hacer un balance práctico sobre la nueva ley.

"Yo no soy profeta, pero me inclino a pensar que si la Corte hace lugar a la inconstitucionalidad de la norma en alguno de sus aspectos, podría pasar algo similar a lo que ocurrió con el IRPF a los jubilados, que se consideró inconstitucional y luego hubo una nueva ley en la cual se mejoraron las cosas y se creó el IASS", expresó el ex ministro.

Pérez del Castillo dijo que los problemas que enfrenta la Justicia Laboral "no son un tema de plazos, sino de personal y recursos" en los juzgados más que por carencias del anterior sistema procesal.

Por su parte, la abogada laboralista y docente universitaria Cristina Mangarelli, dijo que la reforma del proceso laboral era "necesaria" porque los juicios deben ser más rápidos ya que los reclamos son de carácter "social y, generalmente, tienen naturaleza alimentaria".

Sin embargo, Mangarelli opinó que no era necesario crear un procedimiento independiente del CGP, sino que hubiera alcanzado con regular mejor la normativa anterior.

Mangarelli agregó que es "incorrecto" enfocar las críticas al nuevo sistema "pensando solo en los empleadores, porque también hay plazos muy cortos para los trabajadores".

GESTIÓN. En tanto, el abogado especialista en Derecho Procesal y Laboral, Santiago Pereira Campos, consideró que las principales dificultades del sistema están relacionadas con la "gestión" de los procesos, aspecto que "no se soluciona con una ley procesal".

En tal sentido, dijo que la cantidad de juicios iniciados entre 1998 y 2008 se mantuvo estable, pero aun así bajó el número de sentencias dictadas. Y eso "está mostrando un problema de gestión en el funcionamiento del proceso y no tanto un problema de saturación o sobrecarga de trabajo", dijo.

Además, Pereira Campos cuestionó que la nueva ley no es precisa respecto a las notificaciones y sus plazos. Tampoco prevé el uso de la notificación electrónica, aunque en algunos juzgados se utiliza, señaló.