Otra vez

FRANCISCO FAIG

La reforma de 1996 trajo positivas consecuencias. Ordenamiento de los partidos políticos, con autoridades legitimadas por las urnas en circunstancia particular; candidatos presidenciales únicos por partido; municipalización de los debates en los departamentos.

Volver a discutir una reforma constitucional es caer en la tragedia del Sísifo nacional: desde la década de 1910, no pasan veinte años sin que la democracia uruguaya rediscuta y reformule la forma de elegir a sus autoridades.

Abrir la discusión de estos asuntos para nada garantiza que el resultado sea concreto, rápido y eficiente. Y es que los planteos giran en torno a un falso problema: el país, hoy, no tiene dificultades institucionales que resolver.

Como un adolescente que teme la edad adulta, el sistema político desvía su atención con iniciativas equivocadas.

En vez de perdernos en los laberintos electorales reformistas, que nunca logran desprenderse además de cálculos cortoplacistas, lo que precisamos es que se encaren dos problemas que sí son cruciales para el futuro nacional: la asfixia corporativa que ahoga a la educación pública; la resistencia a la reforma del Estado -calidad de gestión, exigencia de resultados, política de ingresos-.

Pero además, acaba de aprobarse en el Parlamento una horrorosa ley de alcaldías, nefasta para el ordenamiento institucional del país y legitimada por la oposición.

Volver a una elección única, con reglas de balotaje distintas, vendría a sumarse a este dislate, esta vez poniendo en tela de juicio lo conquistado en 1996 y sin aportar nada sustancial positivo.

Pero como parece irremediable que cedamos al hechizo electoral, dos reformas de limitada envergadura podrían satisfacer el ansia del demiurgo nacional constituyente, sin tocar la esencia de la reforma de 1996.

La primera, que va en el sentido de mayor eficiencia estatal, es retocar el calendario electoral y político.

Entre junio y diciembre, cada cinco años, podrían resolverse todas las elecciones: internas, nacionales, balotaje y departamentales. Además, sería muy bueno que el presidente y los intendentes asumieran en los primeros días de enero, para evitar nuestra eterna transición veraniega propia de otros tiempos.

Y, en el mismo sentido, que la Asamblea General y las Juntas Departamentales adelantaran sus trabajos cada año para el 1º de febrero.

La segunda, que no está en boca de nadie, es fortalecer los contrapesos institucionales. Las observaciones de los informes del Tribunal de Cuentas, tantas veces críticos de los gastos públicos, debieran de ser vinculantes.

Mejorará la calidad de gestión. En el mismo sentido, importa revisar el número y la remuneración de los ediles, enfrentados a intendentes cada vez más poderosos en sus feudos. 31 ediles en Montevideo es ridículo; 11 en Flores es suficiente.

Y ya que estamos, legislar sobre los alcaldes y sus concejales-adornos.

No es un debate urgente ni importante. Sirve el principio del "panem et circenses": distraer de los verdaderos problemas nacionales.