Ministerio demora 10 años en emitir resoluciones de registro de patentes

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RAÚL MERNIES

La auditoría en el Ministerio de Industria refleja irregularidades y demoras en algunos procedimientos. En Registro de Patentes, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre la solicitud presentada y la resolución emitida es, en promedio, 10 años.

El trabajo del servicio de Auditoría Interna de la Nación (AIN) comenzó el pasado 11 de junio de 2009, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.

El objetivo fue evaluar los procedimientos implementados por el Ministerio de Industria para el registro de marcas y patentes en el período corresponde al ejercicio 2008.

En el procedimiento de registro de marcas la AIN no hizo observaciones respecto del cumplimiento de recaudos y plazos establecidos. Sin embargo, el informe agrega que "existen demoras en el examen de forma y fondo de la solicitudes y por consiguiente en el dictado de las resoluciones".

De los expedientes analizados, en el 27% se constataron notificaciones a personas que no figuran autorizadas como representantes o habilitadas para registrar sus marcas.

Una de las principales irregularidades detectadas por la AIN se encontró en el procedimiento de registro de patentes.

"El tiempo transcurrido entre la solicitud presentada y la resolución emitida es en promedio de 10 años", establece el primer inciso de ese informe.

Además, se constataron expedientes con informes técnicos finales sin observaciones del año 2003, cuyas resoluciones se expidieron en 2007.

"De acuerdo a lo manifestado, la demora obedeció a la falta de personal administrativo", establece la publicación oficial.

Tanto en registro de marcas como de patentes, los comprobantes de pago de tasa y publicación consisten en un formulario con la leyenda "sin valor" y que carece de numeración y pie de imprenta. La única manera de constatar su pago es la intervención de tesorería mediante "sello de goma", mecanismo que, según agrega el informe, "no permite asegurar que el trámite realizado fue efectivamente pagado".

El relevamiento también incluyó trabajos sobre la seguridad física y de los datos. De allí surgió la conclusión de que no existe un plan de "continuidad operacional ante eventuales desastres", léase, un plan B.

La AIN constató que en el proyecto de digitalización (a cargo de una empresa consultora designada por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial) se le asignaron tareas a un funcionario de dicha empresa que actualmente figura sin contrato.

El informe denuncia "ausencia de una apropiada estructura organizacional que permita asegurar continuidad y eficiencia en la supervisión, ejecución y control de las funciones sustantivas del centro de cómputos. Hasta el momento la relación entre la empresa y la DNPI se basa en la buena fe, de parte de la empresa en cuanto a la regularización de su situación contractual y la de la Unidad, en la adecuada ejecución de las tareas".

Faltan comprobantes. Con el objetivo de efectuar remodelaciones edilicias para la mejora de las condiciones del archivo, a fin de garantizar la adecuada organización, protección y seguridad documental, el 20 de diciembre de 2007 se celebró un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por una suma de $ 912.000, y otro el 11 de diciembre de 2008 por $ 2.000.000.

Hasta hoy, la Auditoría Interna de la Nación no constató que se haya realizado ningún tipo de rendición de cuentas documentada de estos fondos, así como tampoco existe un informe de avance o de ejecución de obra.

La Dirección general de Secretaría del Ministerio también fue auditada.

En el arqueo de caja, se constató que hay recibos de fondos de terceros sin prenumerar, lo que no permite determinar su integridad. Tampoco hay un control ni registro de inventario de los valores utilizados. No obstante, en los controles realizados no se encontraron diferencias con la numeración según pie de imprenta.

El sistema informático que registra los movimientos de ingresos y usos en las cuentas de los clientes "carece de controles", lo que impide asegurar que el total de créditos registrados se corresponda con lo recaudado por Tesorería.

Entre las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Nación figura incluir elementos de control en documentos de pago de tasa y publicación, y regularizar actividades que permitan asegurar que las notificaciones de registro se realicen a personas autorizadas.