Suecia y Holanda constituyen los dos extremos de las políticas que se aplican en Europa para combatir el problema de las drogas ilegales. La de Holanda está basada, como en Uruguay, en la "reducción de daños". La de Suecia, en la "tolerancia cero".
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) favorece la línea sueca, que tiene aspectos coincidentes con las concepciones del presidente Mujica.
Suecia tuvo una política de tolerancia hacia las drogas en los años 60, pero advirtió con rapidez que ese ensayo "comenzaba a incubar un problema social". A partir de los años 70 cambió la estrategia de su lucha, antes centrada en el tratamiento y el combate al narcotráfico a gran escala, para enfocar el blanco en la represión a consumidores y traficantes callejeros, con mejores resultados. Penalizó la tenencia y el consumo de estupefacientes para lograr "una sociedad libre de drogas", como reza el lema de su campaña. La base de esa legislación sueca está contenida en un acta de 1968 (Narcotic Drugs Act).
En la encuesta nacional sobre consumo que Suecia realizó en 2006 se registró una prevalencia anual en el uso de marihuana del 2,2% en la población de entre 15 y 64 años. En Italia y España, los consumidores de cannabis superaban el 11% en el mismo período. El porcentaje de Suecia es uno de los más bajos de Europa.
En 2006 hubo en Suecia 17.619 sentencias por delitos vinculados con las drogas. El 58% de ellos, por consumo o tenencia.
La legislación sueca no hace diferencia entre tipos de drogas ilegales a los fines de aplicar penas mayores o menores.
Los tratamientos forzosos a adictos apuntan a la completa abstención.
La ley sueca autoriza a la policía a realizar análisis de sangre o de orina a sospechosos de haber consumido drogas. (Fuentes: Unodc y La Nación/GDA)