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Rodolfo Sienra Roosen
Ni el gobierno ni los sindicatos -de hecho lo mismo, los sindicatos son parte del gobierno y el gobierno los cubre como la gallina a sus pollos- valoran la oportunidad perdida. No se administró bien la distribución de la riqueza sin precedentes que el mercado nos concedió desde 2003 hasta hoy.
No se invirtió para generar inversión y no es un juego de palabras. Continuarán inversiones en Punta del Este, que, como ocurre con Nueva York en USA, integra el territorio estatal pero es otra cosa.
También en el agro, donde aún es variable según los productos, la demanda en general se sostiene, y poca cosa más. La visión que damos al exterior no es la ideal por el alto índice de riesgo laboral.
Creemos que en buena parte es consecuencia de un estancamiento endémico de la mentalidad de la conducción sindical y del peso de los gremios en detrimento de los empresarios en las decisiones de gobierno.
Detrás de una visión más general del problema, "El País" llevó adelante una investigación publicada el 15 de agosto (página A 14) con entrevistas a empresarios foráneos jerarcas de multinacionales, profesionales especializados, docentes en Comportamiento Humano, y asesores del Pit-Cnt.
La opinión empresarial local y extranjera coincide en considerar a los sindicatos uruguayos como fuertemente radicalizados e ideologizados. Viven en un mundo decimonónico y emplean el lenguaje arcaico, propio de aquel tiempo. Así hablan de "lucha de clases", por ejemplo.
Algunos empresarios extranjeros entienden que falta experiencia negociadora.
No tanto quizá en donde la conducción está en lo que podría llamarse de la guardia vieja, que mantiene aparatos negociadores, pero en los dirigentes jóvenes falta madurez, y ante la más mínima insinuación de un conflicto decretan el paro de actividades.
La doctrina moderna y civilizada concibe a la huelga como un derecho, sí, pero no como una reacción espasmódica incontrolable que se adelanta a la negociación.
En el caso de los servicios públicos, la paralización toma de rehén a la sociedad. La estrategia es negociar después, pero bajo presión. Lo mismo pasa con las ocupaciones de empresas, que afectan el derecho de propiedad. La sobreprotección del gobierno es asfixiante.
Años atrás, vivimos una experiencia profesional frustrante, ante el interés de una empresa española líder europea en la industria de fabricación de pasta de tomate que exportaban, entre otras, a firmas locales.
Tenían idea de instalarse aquí, pero sus asesores lo desaconsejaron justamente por el riesgo laboral. El tomate es un fruto que requiere ser cosechado a su sazón por el riesgo de pudrirse y una demora puede ser fatal. Si en ese momento los trabajadores paran, es un desastre.
Y por las razones expuestas, los trabajadores uruguayos no son confiables para el inversor extranjero.
Pudimos y podemos despegar, pero subsisten aún fuertes contrapesos a nuestras posibilidades.










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