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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

El ombudsman se reunirá hoy, por primera vez, con la intendenta Ana Olivera y su gabinete. Reclamará "respeto" a la institucionalidad de la Defensoría del Vecino y a los planteos de los ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos.

"Cuando yo firmo una recomendación (que se envía a la Intendencia), detrás hay un estudio, un análisis de la información municipal y de la que nos trajo el vecino. Hay una recomendación que es viable y un camino de solución estudiado, serio, que no propone locuras ni cosas fuera de sentido. Entonces, lo que pretendemos es una respuesta en el mismo sentido: que tenga detrás un estudio y una fundamentación coherente", declaró el ombudsman Fernando Rodríguez a El País.

En tres años de actuación, la Defensoría del Vecino envió 40 recomendaciones a la Intendencia, pero solo la mitad tuvo respuesta en tiempo y forma.

"Toda vez que hacemos una recomendación es porque hemos detectado un derecho vulnerado. Y ponemos a la administración en el lugar de revertir esa situación de vulneración, o de explicar por qué no lo va a hacer", explicó Rodríguez.

Durante la administración del ex intendente Ricardo Ehrlich, el defensor del vecino tuvo un relacionamiento dispar con su gabinete. En algunos casos puntuales, como con el anterior director de Hacienda, Enrique Cabrera, no logró mantener los vínculos institucionales necesarios. Eso se debió, en buena medida, al análisis crítico que el ombudsman hizo sobre distintos aspectos de la política económica del período anterior (ver nota aparte).

Pero Rodríguez tiene otras expectativas con la actual administración. "Valoramos como bien interesante la respuesta de la intendenta, ofreciéndonos esta instancia con el gabinete. Nos ayuda porque tenemos un primer contacto colectivo y la expectativa de agendar, después, encuentros con los distintos directores, para darle continuidad a las gestiones que están en marcha", indicó.

DESCOORDINACIÓN. La reunión que se realizará esta tarde en el Palacio Municipal tiene también el propósito de avanzar en aquellos puntos que el ombudsman entiende es necesario mejorar la coordinación.

Por ejemplo, la Defensoría del Vecino ha detectado que existe descoordinación en oficinas municipales a la hora de entregar habilitaciones para locales públicos o industriales.

Estas habilitaciones son entregadas por la División Locales Industriales, que depende del Departamento de Espacios Públicos, que no mide consecuencias de contaminación acústica.

En el caso de ruidos molestos, tiene competencia el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME), que pertenece al Departamento de Desarrollo Ambiental. "Hay un nivel de descoordinación importante. Esos dos ámbitos deben trabajar en conjunto. Porque recién cuando hay un caso de contaminación empieza a actuar el SIME, sobre el daño ya provocado", explicó Rodríguez.

El ombudsman ha tenido una visión crítica de muchas de las políticas municipales de la pasada administración. En su segundo informe anual, difundido en mayo del año pasado, señaló que la Intendencia vulneraba los derechos de los conductores al exigirles documentación privada y al cobrarles una patente más cara. Incluso recomendó a la Intendencia aplicar una política tributaria "más justa", para "recuperar" a los contribuyentes de patente que migraron hacia otros departamentos.

Según la Intendencia, Montevideo tiene la patente más cara por el uso que se hace de su infraestructura (calles, iluminación, etc.), claramente superior y más extendida que la del resto de las ciudades.

Sin embargo, el defensor del vecino advirtió -citando el Código Tributario y el Texto Ordenado de Tributos e Ingresos Municipales (Totim)- que la patente de rodados "no tiene como contrapartida el desgaste del pavimento y demás servicios, como reiteradamente se ha manifestado".

Con una visión especialmente crítica sobre la política de patente de rodados, el ombudsman ha dicho también que las autoridades municipales divulgaron "amenazas (a los conductores) a través de los medios de prensa", que se concretaron en "procedimientos en los que no resulta claro qué tipo de infracción se pretende imputar al responsable del vehículo".

Estas apreciaciones, que se repitieron en el tercer y último informe anual de la Defensoría del Vecino, generaron malestar en algunas autoridades municipales, como el ex director de Recursos Financieros, Enrique Cabrera, que salió a responderle públicamente.