Montevideo

MarÍa Julia Pou

Los gobiernos no son un fin en si mismos, son un instrumento jurídico que desarrolla su actividad a través de personas y medios para lograr determinados fines. Así sabemos que el gobierno nacional, el de las más amplias competencias, debe prestar los servicios de justicia, defensa, seguridad, salud, educación pública, que por supuesto sabemos son financiadas por nuestros aportes.

Una vez más es necesario recordar que los gobiernos no tienen dinero, lo obtienen de cada uno de nosotros y lo usan bien, mal o regular. Los gobiernos departamentales tienen sus propias y bien definidas competencias. En estos últimos días hemos podido informarnos, gracias a la prensa y a los dirigentes de las distintas agrupaciones políticas que se han ocupado por los temas municipales, de la situación límite en que se encuentra la Intendencia de Montevideo.

Justo es decir que afortunadamente, hay algunas intendencias del interior de nuestro país que podrían ser un buen modelo para la capital y no porque hayan hecho milagros- que en esta materia no se conocen- sino porque quienes han estado al frente han actuado con responsabilidad y ajustándose a las normas que rigen las tareas de los intendentes y su relación con las Juntas Departamentales.

Pero nuestra preocupación es hoy la intendencia capitalina. Si como decíamos al principio, las tareas de la intendencia no sólo están definidas en los textos sino que su buena o mala forma de ejecutarlas están todos los días en la primera impresión del ciudadano, apenas sale de su casa.

¿El alumbrado público es suficiente? ¿El pavimento está en buenas condiciones? ¿La recolección de la basura se realiza puntualmente? ¿Es abundante y de buena calidad el transporte desde y hacia todos los barrios? Y desde el punto de vista de la administración, ¿es el presupuesto del departamento, ajustado a las necesidades de sus habitantes y a la realidad económica y financiera de la misma?

Nos atrevemos a dar una respuesta negativa a los interrogantes que mayeuticamente nos planteamos.

Los datos que nos dicen que en el último año aumentó la recaudación en más de 1.000 millones de pesos pero que de cada 10 pesos que ingresaron a la IMM 8 fueron destinados a salarios y sólo 1,6 a obras, nos fuerzan a adherir a la postura que han asumido algunos actores políticos: la IMM no será viable en poco tiempo, si se insiste en seguir el mismo criterio.

Si las cosas siguieran por la ruta iniciada hace ya tiempo tememos que un día el Palacio Municipal sea sólo un lugar de cobro de sueldos y no exista ningún rubro que se destine a las obras de mantenimiento e infraestructuras que la vida de las ciudades modernas exige.

Por último, vemos que es tan obvia y contundente la situación de la que hablamos, que habría una inquietud similar por la sustentabilidad de la "ecuación presupuestal" de la IMM dentro del propio gabinete de la nueva titular del gobierno.

No es momento de mirar hacia atrás para adjudicar responsabilidades sino de mirar alrededor -al contribuyente-ciudadano- para ajustar las demandas de estos que son, en definitiva, los que pagan.