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FABIÁN TISCORNIA

Los principales del Ministerio de Economía y el Banco Central expresaron "preocupación" por la posibilidad que se revierta la tendencia a la baja de la inflación. A su vez, en Economía abogaron por aplicar una política fiscal "consistente".

En ese contexto, el Comité de Coordinación Macroeconómica -integrado por el Central (BCU) y Economía y Finanzas (MEF)- mantuvo el rango objetivo de inflación para un horizonte de 18 meses entre 4% y 6%, al tiempo que el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU dejó sin cambios la Tasa de Política Monetaria en 6,25%.

Esto era lo esperado por los analistas, ya que varios de ellos habían adelantado a El País que el Central no modificaría su tasa de referencia.

Esta vez, las novedades vinieron por el lado de algunas sentencias que dejó el comunicado del Copom, que advirtió una "preocupación relativa a los riesgos inflacionarios derivados de una mayor inflación externa relevante y de un crecimiento económico mayor al previsto".

A su vez en la reunión entre Economía y el Central "se valoró positivamente que la economía nacional haya sorteado de manera favorable la crisis financiera internacional, pero se señaló la preocupación de que se revirtiera la tendencia a la reducción de la inflación y de las expectativas inflacionarias".

Allí se "enfatizó la necesidad de dar señales inequívocas del compromiso con la estabilidad macroeconómica" y se señala que Economía "hizo hincapié en la intención" de que el próximo Presupuesto "tenga una política fiscal consistente y equilibrada", sin explicitar cuál es el nivel de equilibrio pretendido.

También el MEF planteó que habrá "una gestión de deuda pública encaminada a reducir aun más las vulnerabilidades de la economía nacional, cuidando los equilibrios básicos y los niveles de competitividad".

En ese sentido "apuntan los criterios que se están impulsando para las próximas negociaciones en los Consejos de Salarios, de cuyos acuerdos depende en buena medida el grado de inercia inflacionaria", se agregó.

No se explicó cuáles son esos criterios, más allá que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que no habrá pauta oficial.

En el encuentro participaron del lado del MEF Lorenzo, el subsecretario Pedro Buonomo y el jefe de la Asesoría Macroeconómica Andrés Masoller y por el lado del BCU su presidente Mario Bergara, el director Jorge Gamarra, el gerente de la Asesoría Económica Umberto Della Mea y el de Política Económica y Mercados, Alberto Graña.

El director de Deloitte, Pablo Rosselli dijo a El País que coincide con las apreciaciones del comunicado por las "señales de moderación" del gasto que se expresan, aunque reparó que la decisión de ir por un superávit fiscal primario mayor se verá "en la cancha".

A su juicio hay "dos desafíos" de la política macroeconómica y "mitigar el riesgo de mayor pérdida de competitividad -lo que se reiteró en febrero, ver aparte- cuidando el cumplimiento de las metas de inflación" es uno de ellos. El otro es "recomponer el superávit primario para reducir la deuda pública", dijo. Para no perder más competitividad "es clave que se moderen los aumentos de salarios" y que "el crecimiento del gasto sea por debajo del Producto Interno Bruto de largo plazo", indicó. Esto último además, ayudaría a "reducir el nivel de endeudamiento", agregó.

Para Rosselli hay un riesgo de recalentamiento de la economía si los salarios siguen creciendo de manera importante y dijo que hay aumentos de precios de exportación en carne, lácteos y arroz lo que remarcaría la preocupación oficial.

El Tipo de Cambio Real (TCR) que elabora el Banco Central (BCU) registró la octava baja mensual consecutiva en febrero, cuando tuvo un descenso de 1,34%, según la información que divulgó ayer la autoridad monetaria.

En ese nuevo retroceso la competividad local se ubicó en el nivel más bajo en casi ocho años, es decir, desde junio de 2002. A su vez, en el primer bimestre del año el TCR ya tuvo una baja de 3,44%, y en los últimos 12 meses la caída alcanzó a 8,99%.

La evolución del indicador se explicó tanto por la pérdida de competitividad en relación a los países socios (-1,33%), como frente a los países extrarregionales (-1,35%).