El presidente del Banco Central, Mario Bergara, consideró que la posibilidad de apelar a las reservas de la autoridad monetaria para realizar obras de infraestructura -como planteó José Mujica- debe "enmarcarse en un contexto de responsabilidad fiscal".
Mujica dijo esta semana que impulsará un debate en el seno del nuevo gobierno para apelar a parte de las reservas bancocentralistas para realizar obras como el dragado del río Uruguay, nuevas vías férreas y el puerto de aguas profundas.
Para Bergara hay dos aspectos a contemplar: la necesidad de inversiones en obras de infraestructura y "la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal".
"Cualquier decisión sobre inversiones en infraestructura, obviamente hay que enmarcarla en un contexto de responsabilidad fiscal. A su vez la visión fiscal tiene que tomar en cuenta la necesidad de infraestructura", indicó.
Dijo que compartía que "la infraestructura tiene que estar en una de las máximas prioridades en la agenda inmediata del país" porque su insuficiencia "no puede ser cuello de botella de un proceso de crecimiento". Pero señaló también que la responsabilidad fiscal "también es soporte de crecimiento, porque la ausencia de estabilidad macroeconómica también es un obstáculo al crecimiento". A su juicio se trata de "equilibrar decisiones".
Bergara recordó que para financiar obras de infraestructura pública "hay toda una gama que seguramente hay que profundizar" como la inversión privada y los mecanismos de asociación con privados y "todo el menú que el Uruguay tenga disponible de financiamiento genuino de las finanzas públicas: financiamiento con organismos internacionales eventualmente, financiamiento a través del mercado de capitales con Obligaciones Negociables -como hace hoy UTE-, etc".
Agregó que de las reservas del BCU -unos US$ 8.043 millones- una parte (unos US$ 5.200 millones) son "contrapartidas de encajes bancarios, o sea no son reservas que le pertenezcan al Banco Central".
En tanto, lo que corresponde a la disponibilidad del gobierno -sin incluir BPS, empresas públics, etc- (unos US$ 700 a 800 millones) es éste el que define cómo usarlos".
"Lo hará en el marco de las decisiones presupuestales y de política fiscal", dijo. "Es decisión del gobierno ajustar esa parte de las reservas", agregó.
Adicionalmente, el Banco Central puede prestar al gobierno "hasta por un stock de deuda equivalente al 10% del Presupuesto de gasto e inversiones del año anterior", lo que estimó en unos US$ 500 millones. "Esto es como un stock, no es un flujo anual", aclaró. "Pero está claro que lo que ha sido la estrategia fiscal y financiera de esta administración, ese es como el último recurso", indicó.
A su juicio "dar la señal de que el Banco Central tiene que financiar al gobierno ya es una señal que, de alguna de manera, está diciendo que toda la otra gama de fuentes de financiamiento están agotadas, lo que no es el caso de Uruguay". Recordó que esto no se empleó "ni siquiera durante la crisis".
"El gobierno no necesitó ir al Banco Central a pedirle plata durante la crisis porque tiene abierta todas las otras fuentes de financiamiento", señaló. "Por lo tanto, las decisiones de cómo financiar y a través de qué mecanismos desarrollar proyectos de infraestructura, el gobierno los definirá en el marco de la política fiscal, financiera y de infraestructura. Lo que sí está claro es que las dos caras tienen que ser cuidadas", advirtió.