Colombia no provocará incidentes con Venezuela

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BOGOTÁ | AP

El presidente colombiano Álvaro Uribe aseguró ayer que aunque es grave la destrucción de dos pequeños puentes artesanales en la frontera a manos de militares de Venezuela, Bogotá no provocará ningún incidente con el vecino país.

Mientras el gobierno de Caracas asegura que derribó dos pasos peatonales sobre un río fronterizo con Colombia para frenar el avance del narcotráfico, Bogotá cree que todo es una provocación.

Desde Washington, el secretario general de OEA, José Miguel Insulza, señaló que "más allá de la intencionalidad de las acciones que se realizan, el incremento de la violencia contribuye a la inestabilidad de la región y crea la posibilidad de incidentes mayores".

"Es grave lo que ha ocurrido", dijo el presidente Álvaro Uribe al ser consultado ayer por el caso. Pero, agregó: "yo he dado una instrucción al gobierno de Colombia: nada de provocaciones verbales. Nada de desafíos verbales. Lo que hay que hacer es, mientras no haya diálogo bilateral, acudir a los organismos internacionales. Nosotros no podemos producir en este momento ningún gesto de provocación".

"No tenemos interés de proponerles desafíos, de proponerle guerras a la comunidad internacional, menos a nuestros vecinos y hermanos... no tenemos ninguna pretensión contra la comunidad internacional, menos contra el hermano pueblo de Venezuela", aseguró Uribe.

"Soy muy mal oyente (...) Yo, de pronto, tengo un defecto para el canto, pero resulta ser una cualidad para la política: Soy muy sordo. Y además como conozco mi temperamento, hay cosas que no puedo oír", dijo.

A través de un comunicado de la cancillería, Colombia calificó el acto como "agresivo" y que no correspondía con "el proceder a través de los mecanismos diplomáticos". Más temprano ayer, el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva calificó como "fantasiosas" las argumentaciones de Venezuela para destruir las dos estructuras sobre el río Táchira.

"Estamos preocupados la verdad, es un tema muy serio cuando se utilizan excusas totalmente fantasiosas", dijo Silva, quien aseguró que los pasos destruidos servían para el cruce de personas que viven o trabajan en uno u otro país.

Declinó especificar si habría un reforzamiento de la presencia militar en la frontera e indicó que "la obligación principal de un ministro de Defensa es evitar a toda costa una guerra o una provocación".

"Por eso no caemos en las provocaciones o en la guerra verbal, o en los insultos, realmente un poco nos resbala, como se dice popularmente, lo que puedan decir del lado venezolano``, aseguró.

La situación "nos exige una actitud extremadamente serena como la que hemos demostrado y que mantendremos... lo que no podemos aceptar es una agresión contra la población o contra el territorio patrio y para eso los colombianos estamos preparados", dijo.

venezuela. Poco después, el vicecanciller de Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, destacó que su gobierno no está "volando puentes y se trata sencillamente de quitar un artificio hecho artesanalmente, pero que se vino convirtiendo en esto: en una facilidad para el narcotráfico".

La destrucción de los pasos buscaba, aseguró Arias a radio Caracol, que el tránsito de personas y mercancías se diera entonces por otros dos puentes, situados a unos 20 kilómetros de distancia, que son cruces legales, con servicios de aduanas y vigilancia por parte de agentes de los dos países.

Ratificó que las tensiones de Caracas no eran con Bogotá, sino que era un problema regional porque "insistir en esas bases americanas en Colombia tiene que ver con la seguridad y la paz regional".

"Esta escalada de diferencias, de esta situación de tensión no tiene que ver sencillamente con lo que tradicionalmente podía ser un incidente de frontera... no hay un conflicto entre Venezuela y Colombia para buscar una intermediación, hay un conflicto o una situación entre Colombia y América del Sur``, dijo Arias.

El gobierno venezolano anunció su intervención a cuatro bancos privados -Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro- para "garantizar los derechos de los ahorristas y de los acreedores de los bancos". El gobierno afirmó que la toma de control por parte del Estado se realiza a puertas abiertas y, por tanto, las instituciones siguen funcionando normalmente bajo supervisión de una junta interventora y la atención al público se mantiene.