Necrópolis: más denuncias sin respuesta oficial

Con el voto de los ediles blancos y colorados, la Junta Departamental de Montevideo conminó al intendente Ricardo Ehrlich a presentarse el próximo miércoles 21 "por el caos en los cementerios municipales", informó a El País el edil nacionalista Daniel Graffigna.

La Junta había aprobado el llamado a sala el 17 de septiembre, y el intendente contaba con 15 días para presentarse, lo cual no ocurrió. "Es un hecho insólito, sin antecedentes en esta administración", aseguró Graffigna.

Frente a esta situación, amparados en el artículo 285 de la Constitución y en el reglamento de la Junta Departamental, la sesión se fijó para el próximo miércoles, a la hora 14. "Podrá venir el intendente o quien él designe", informó el edil.

Es de esperar que se haga presente la directora de Acondicionamiento Urbano, Hyara Rodríguez, responsable del servicio de Necrópolis.

FALSIFICACIÓN. Durante la sesión, como edil interpelante, Graffigna aportará un nuevo documento: una pericia caligráfica que revelaría la existencia de una firma falsificada en un documento que la Intendencia tomó como válido para autorizar el cambio de titularidad de un panteón.

Se trata del sepulcro N° 61 del Cementerio Central, perteneciente a la familia del sobreviviente de la tragedia de los Andes Ramón Sabella.

El reclamo se inició en 2005 por la vía administrativa, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Sabella -entre otros familiares- fueron retirados del panteón, que acumulaba una deuda, y llevados al Cementerio del Norte.

El sepulcro pasó entonces a manos de una mujer, que pagó la deuda y luego alegó ante la Justicia encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo cual se le permitió el remate del bien. Sin embargo, la familia Sabella logró impedir la subasta, y la Intendencia habilitó la restitución de los cuerpos, aunque solo nueve regresaron, de un total de 32.

Según un informe elaborado por el perito calígrafo Carlos Peña Rachetti, la firma de la nueva propietaria, estampada en el documento que la Intendencia tomó como válido para autorizar el cambio de propiedad del panteón, es una falsificación.

El informe señala que si bien se presentó una fotocopia como prueba, "dadas las discordancias observadas entre la firma auténtica y la dubitada, debe concluirse su falsedad".