El nuevo sistema de negociación colectiva para el sector privado quedó sancionado anoche en el Parlamento, al ser aceptada por la Cámara de Representantes la inclusión de una "cláusula de paz" sindical para los aspectos que se acuerden entre empleadores y sindicatos.
Aunque finalmente votaron por "disciplina partidaria", varios diputados del Frente Amplio manifestaron su rechazo a la inclusión de la "cláusula de paz". Lo mismo había hecho en su momento la central de trabajadores Pit-Cnt.
El proyecto de ley dispone, en lo sustancial, que a partir de su vigencia los Consejos de Salarios deberán ser convocados en forma obligatoria y que no estarán sujetos a la voluntad del gobierno de turno. Además, el Estado no intercederá en las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Otra norma dispone que se concede la gracia de la información confidencial de las empresas hacia los trabajadores a riesgo de pena de que si estos cometen infidencia serán sancionados judicialmente, y se habilita la negociación por empresa, además de la clásica ronda por rama de actividad.
Pese a acompañar la iniciativa luego de la inclusión de la "cláusula de paz", el Partido Nacional anunció que en caso de llegar al gobierno se abocará a modificar varias de las disposiciones contenidas en esta ley.
El sector empresarial fue un acérrimo opositor a este proyecto de ley, aun a pesar de haberse incorporado la "cláusula de paz".
JUICIOS RÁPIDOS. Ayer también, el plenario de la Cámara de Representantes votó -esta vez solo con la adhesión del oficialismo- un proyecto de ley por el cual se abrevian los plazos de los juicios laborales. La iniciativa también pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entre otras razones, la oposición rechazó esta iniciativa recordando en sala que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux, sostuvo ante una comisión respecto de este proyecto que tiene "inconstitucionalidades".
Según el proyecto, se establece una audiencia única (en un plazo de hasta 60 días tras la demanda) en la que el juez podrá dictar sentencia o en los 20 días siguientes.
Este proyecto de ley es resistido por las cámaras empresariales.