Ecuador fija condiciones para superar la crisis con colombia

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QUITO | AFP Y EL PAÍS DE MADRID

Ecuador exigió ayer a Colombia que desista de su idea de intervenir militarmente en otros países como condición inicial para un diálogo, mientras Hugo Chávez rechaza la negociación y el gobierno de Uribe intenta cerrar el pacto militar con EE.UU.

"Debe haber una renuncia explícita del gobierno de Colombia a la posibilidad de intervenir en terceros países. Esta es la parte, el inicio de cualquier proceso de diálogo", dijo el canciller Fander Falconí a radio Sonorama. Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia en marzo de 2008, a raíz de un bombardeo militar contra un campamento clandestino de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano. El fin de semana el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió nuevamente perdón por el operativo -en que murieron 25 personas-, tras lo cual su homólogo Rafael Correa abrió las puertas a un diálogo condicionado.

"No es posible restablecer las relaciones diplomáticas si no han sido resarcidos un conjunto de requisitos que ha planteado el Ecuador", enfatizó Falconí. En ese sentido, recordó que su país exige el fin de las denuncias vinculando a Correa con las FARC, la entrega del video del bombardeo, apoyo económico para la atención de refugiados colombianos, y una indemnización por el ataque militar que dio muerte al líder rebelde Raúl Reyes.

El canciller también planteó a Colombia "un diálogo sustantivo" para resolver la crisis a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se reunirá el 28 de agosto en Argentina para tratar un polémico acuerdo militar entre Bogotá y Washington. "Aquí podría intervenir, si es que los dos países así lo sugieren y están de acuerdo, un centro de mediación internacional", expresó Falconí, insistiendo en que un primer acercamiento entre los presidentes Uribe y Correa podría darse en la cumbre sudamericana. "Hay un marco adecuado que es el marco de Unasur y luego hay un conjunto de procesos bilaterales", precisó.

Colombia también dijo tener preocupaciones que plantear. "Ecuador conoce nuestras preocupaciones. No es el momento de repetir el listado de las preocupaciones públicamente. Nosotros tenemos toda la voluntad de contribuir a que esas relaciones se normalicen", afirmó Uribe.

El gobierno ecuatoriano insistió igualmente en su preocupación por el acuerdo que le permitirá a Estados Unidos utilizar bases militares en Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Por el momento Correa no ha incluido este tema dentro de la lista de condiciones para resolver la crisis con Colombia, aunque no se ha reservado las críticas que comparte con Venezuela y Bolivia principalmente. "Ojalá que no le tenga que pedir también perdón a Sudamérica aceptando bases extranjeras en Colombia, porque esa no es una cuestión de soberanía de Colombia, es una cuestión que afecta a toda la región", declaró el mandatario.

El presidente de Venezuela declaró que por ahora es "imposible" reconstruir las relaciones entre Caracas y Bogotá, pues desconfía del presidente Uribe. "¿Cómo voy a confiar en el presidente de Colombia? ¿Cómo, si utilizan la mentira para tratar de descalificarnos? ¡No puedo!", sentenció Hugo Chávez.

El presidente indicó que no quiere inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia, pero señaló que "un día llegará un gobierno que recoja el clamor del pueblo colombiano", al que invitó a rechazar el acuerdo que ampliará la cooperación militar entre Washington y Bogotá.

pacto militar. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, declaró ayer a El Colombiano que Bogotá podrá solicitar que se levante la inmunidad "en los casos que considere". Y añadió que esta inmunidad sólo cobijará a los militares de EE.UU., no a los contratistas.

"No habrá jurisdicción norteamericana en territorio colombiano", agregó Bermúdez. Los estadounidenses podrán ser juzgados por jueces norteamericanos en su embajada y en sus consulados. Pero las palabras del ministro no han despejado las dudas de muchos colombianos, incluso de algunos que apoyan sin reparos el acuerdo militar con Washington. No se conoce la letra menuda de lo negociado y las preguntas persisten: ¿a qué tipo de delitos estará limitada la inmunidad de los soldados? Se ha dicho que será para casos de "extrema gravedad", pero sin especificar cuáles.

La analista Laura Gil recuerda que Colombia debe tener la dignidad de exigir una cláusu-la estándar -vigente desde 1951- de inmunidad limitada, por la que los soldados estadounidenses en suelo extranjero sólo se libran de ser juzgados por el país que los acoge cuando se trata de crímenes conectados con actos de servicio.

El tema del fuero militar es uno de los que despierta más inquietud en Colombia, el tercer país en la lista de los que reciben ayuda militar de Estados Unidos. Se espera que en virtud del acuerdo militar, que ha provocado inquietud en varios países latinoamericanos, los aviones, equipos y personal norteamericano empiecen a llegar en un mes.

La mayoría de los sectores políticos y económicos del país apoyan el acuerdo con EE.UU.; sienten que el país no puede librar, sin su ayuda, la guerra contra las drogas. La voz disidente es la del izquierdista Polo, partido que no cree en la represión para combatir el narcotráfico; está de acuerdo con la despenalización. Y creen que el Ejército está preparado para combatir a la guerrilla sin ayuda del exterior.

El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, mantendrá hoy una reunión con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, para hablar del acuerdo militar que despertó controversia en la región, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. "Hemos hablado y continuaremos hablando con otros gobiernos sobre la naturaleza del acuerdo. Creo que el gobierno colombiano continuará haciendo lo mismo", añadió. El pacto tiene como objetivo reforzar la cooperación en la lucha antidrogas y antiterrorismo.