INAU: decretaron esencialidad de los servicios de internación

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El gobierno decretó la esencialidad de los servicios de internación de menores infractores del INAU. Hoy se iniciarán instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores dicen que la decisión incrementará el hacinamiento.

Si bien la resolución firmada por el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se estaba manejando hace varios días, en la tarde de ayer se notificó formalmente, en medio de una negociación que se desarrollaba entre las autoridades y el sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

La declaración de esencialidad regirá por 30 días exclusivamente para el Sistema de Ejecución de Medidas Educativas Juveniles (ex Interj), del que dependen los hogares de internación de menores infractores del INAU.

El conflicto radica en que desde 2007, los funcionarios están desarrollando un sistema de cupos que prevé la cantidad de jóvenes que pueden ingresar en cada dependencia para evitar el hacinamiento. Sin embargo, ese mecanismo ha provocado la saturación de los hogares de ingreso.

"El sindicato ha establecido cuántos entran en cada hogar, cosa que obliga a que los muchachos derivados por la Justicia estén en condiciones totalmente inapropiadas", dijo ayer Arismendi a El País.

En los últimos días, el Hogar Puertas, el principal centro de ingreso en las dependencias del INAU, vio superada ampliamente su capacidad y llegó a contar con 50 internos, dijeron fuentes del INAU.

A partir de hoy, los menores alojados allí, comenzarán a ser redistribuidos en los siete centros de la Colonia Berro y en los cuatro hogares que existen en Montevideo, confirmaron las fuentes consultadas por El País.

La ministra Arismendi se reunió ayer con representantes del sindicato del INAU y con delegados del Pit-Cnt y de la Confederación de Trabajadores del Estado (COFE) para intentar destrabar la situación. Con la secretaria de Estado habían acordado dejar "stand by" la decisión para continuar negociando, según relató a El País el dirigente del gremio del organismo, Carlos Salaberry.

Luego de la reunión con Arismendi, los trabajadores se entrevistaron con el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar. En ese momento, llegó una notificación a los diferentes centros informando la resolución que decretaba la esencialidad del servicio.

A primera hora de la tarde de hoy sesionará el consejo directivo del sindicato de trabajadores del INAU para evaluar la situación. Previamente, sobre el mediodía, se retomará la negociación en el Ministerio de Trabajo, dijo Salaberry.

EFECTO. A criterio de la gremial de funcionarios, el decreto de esencialidad de los servicios, en lugar de representar una salida a la problemática, provocará un agravamiento de la situación.

Según Salaberry, la decisión oficial demuestra que existe "cero actitud de negociación" de parte de las autoridades. "El gobierno tiene que remover al directorio porque esto es un manotazo de ahogado para manejar esta área de la institución", cuestionó.

El dirigente gremial agregó que la esencialidad del servicio "va a agravar las condiciones de vida de los internos ya que los va a amontonar como leña" porque el cupo dispuesto por el sindicato "trataba de mantener la población de los hogares y topear el ingreso de gurises para que no se produjera hacinamiento y este decreto hace que todos los centros tengan que recibir todos los internos que les manden".

Por su parte, la presidenta de la Mesa Intersindical de la Colonia Berro, Claudia Montenegro, cuestionó que la decisión oficial obliga a los funcionarios a "atender a todos los jóvenes que la administración crea que es conveniente aunque con la misma cantidad de personal".

"Esto nos va a sobrecargar de trabajo, a la vez que va a generar hacinamiento, lo que favorecerá la existencia de conflictos entre los internos, donde generalmente terminamos siendo agredidos los funcionarios", sentenció Montenegro.

El decreto de esencialidad firmado ayer por el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, provocará que un importante número de jóvenes que actualmente se encuentran alojados en los centros de ingresos, sean derivados a los hogares de la Colonia Berro.

Según los trabajadores del INAU, el incremento de los internos en esa dependencia implica un factor de riesgo para que se sucedan motines y agresiones a los trabajadores.

"Cuando ocurran hechos de violencia donde esté en riesgo la vida de los jóvenes y la de los trabajadores, los funcionarios vamos a comunicar inmediatamente a las autoridades para que vayan a hacerse cargo de esa situación", dijo a El País la presidenta de la Mesa Intersindical de la Colonia Berro, Claudia Montenegro.

"El derecho a la vida está por encima de un decreto de esencialidad o cualquier otra cosa, entonces si hay un motín y los chiquilines están armados, nosotros nos vamos a poner a salvaguarda -no vamos a entregar la llave porque el decreto lo prohíbe- donde no seamos lastimados o heridos", expresó Montenegro.