Policías de Canelones coparon el Ministerio

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EDUARDO BARRENECHE

Unos 150 policías de Canelones coparon literalmente ayer el hall del Ministerio del Interior para protestar sobre una eventual remoción del jefe Sergio Guarteche. Enseguida fueron recibidos por la ministra del Interior, Daisy Tourné.

En tanto, el gremio policial de Canelones, que cuestiona la gestión de Guarteche y pide su destitución, afirmó que la movilización de policías de ayer para respaldar al jefe canario fue un virtual paro patronal que "dejó vacías" las comisarías del departamento.

Los agentes, que llegaron a la sede del Ministerio del Interior de uniforme o de civil, se reunieron en el hall de la Secretaría de Estado durante una media hora, mientras esperaban a la ministra Daisy Tourné. Allí aplaudieron en varias oportunidades y atendieron a la prensa hasta que fueron recibidos por la secretaría de Estado.

Participantes del encuentro dijeron a El País que Tourné permitió que los efectivos de Canelones subieran al primer piso y se ubicaran en el salón de actos del Ministerio. "La ministra aprovechó la ocasión para hacer política. Nos saludó uno por uno a los 150 policías que estábamos allí y nos preguntó dónde cumplíamos funciones", expresó uno de los agentes canarios.

Durante las presentaciones, Tourné detectó que en la reunión había muchos alumnos de la Escuela de Policía de Canelones y dejó entrever que ellos ingresaron a la fuerza gracias a la cantidad de vacantes generadas por este gobierno, señaló un participante.

En la reunión, que duró cerca de una hora y media, la secretaria de Estado "habló mucho de ella" y en una parte "se ofuscó" sobre el contenido de una carta divulgada ayer por el agente Daniel Cáceres, quien revista en la Jefatura de Canelones. La misiva dice: "Sra. Ministra, usted misma dijo que iba a llevar la experiencia de la `Policía Comunitaria` de Canelones a todo el país, ya que ésta era un ejemplo en trato, contención, proximidad a la población. (...) Pero como premio (a Guarteche) lo quiere enviar a su casa. ¡Qué notable!".

En la reunión, Tourné le preguntó a los policías canarios de dónde sacaron que ella pensaba destituir a Guarteche.

El policía comunitario Daniel Molina -hermano del presidente del gremio policial canario Jorge Molina- indicó que el gremio de Canelones no representa el sentir de la mayoría de los policías canarios y solicitó a Tourné que técnicos del Ministerio del Interior llamen y supervisen elecciones del sindicato policial de Canelones. Tourné respondió que ese era un asunto sindical en el que no tenía injerencia alguna.

Significativamente, en la tarde de ayer, el jefe de Canelones, Sergio Guarteche, llamó a la corresponsal de El País en ese departamento para facilitarle una entrevista con el jefe de la cárcel canaria, Carlos Cabrera, quien señaló que contaba con todo el apoyo del Comando.

VACÍAS. Por su parte, un comunicado de la Asociación Sindical de Policías de Canelones señaló ayer que jerarcas de la Jefatura de Policía canaria "están organizando" una marcha hacia el Ministerio del Interior, por lo cual han autorizado que quede un policía a cargo de cada seccional y liberaron al resto de los efectivos para que pudieran concurrir en tres ómnibus a la sede de la cartera. "Esta huelga patronal de los jerarcas policiales afectará significativamente los servicios policiales de la Jefatura de Canelones", dijo el comunicado firmado por el presidente del gremio, Jorge Molina.

Daniel Molina rechazó dichos del sindicato al indicar que la mayoría de los policías que se desplazaron hacia el Ministerio del Interior estaban de franco. "No dejamos las comisarías desamparadas", advirtió.

La bancada oficialista, en acuerdo con el Ministerio del Interior, decidió ayer acelerar la reforma de la ley 17.726 de penas alternativas.

La intención es que en un breve plazo las modificaciones que se le introducirán a la ley vigente puedan ser analizadas por el Parlamento, según señaló a El País el diputado Diego Cánepa (Nuevo Espacio).

Durante la reunión que se realizó entre los legisladores de la Comisión de Constitución y la representante ministerial, María Noel Rodríguez, se entendió que la ley 17.726 "no funcionó o se aplicó muy poco" por parte de los jueces.

Consideraron que la actualización de la norma permitirá que la Justicia cuente con un instrumento por el cual, cuando una persona con antecedentes cometa un nuevo delito de distinta figura jurídica por el que fue procesado, no tenga necesariamente que ser encarcelado. "Esto no significa que una persona que cometa un delito no tenga pena", indicó Cánepa. Señaló que luego que se aprueben las modificaciones a esa norma, se debería ingresar en los cambios que debería tener el Código de Proceso Penal.

Por su parte, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) indicó que se apunta a tener un instrumento por el cual "un reincidente afectado por un bien jurídico distintos, pueda ser objeto de penas alternativas".

Orrico dijo que el anteproyecto elaborado por la bancada oficialista tendrá cambios. Y agregó que si bien se aguarda un rápido diligenciamiento a la reforma de la ley 17.726, no se definió si ingresará por Diputados o el Senado.