Triángulo perverso

Washington Beltrán Storace

Parecería que la campaña electoral ha ingresado por caminos que poco tienen que ver con las reales urgencias del país y los ciudadanos. Si bien la ruindad del candidato oficial del Frente Amplio se mostró muy grave, peligrosa y antinacional -lo del secreto bancario fue agitado para cumplir con esos dos enemigos de los uruguayos que componen el matrimonio Kirchner, y por ahí anda meneando también la eliminación de las AFAP como hicieron sus mentores- , se refieren a temas que en el fondo habíamos resuelto, que si hubiera cerrado la boca no merecerían una consideración inmediata y que, si fuera necesario, se podrían encarar más adelante, cuando otras cuestiones, éstas sí muy urgentes, hayan sido resueltas.

Porque en este momento la prioridad es buscar soluciones al triángulo perverso de la inseguridad ciudadana, la inhumana situación de las cárceles y el caos alarmante del INAU, con los menores de alta peligrosidad que pululan por las calles y son protagonistas invariables de toda suerte de actos delictivos. Este triángulo afecta directamente a todos los ciudadanos, de todos los departamentos y de todos los barrios, trasciende a las políticas actuales del gobierno, amenaza con agravarse y no se soluciona con verborragias ni voluntarismos, más mediáticos que otra cosa.

Si este gobierno hubiera aprovechado sus sólidas mayorías para arbitrar medidas de fondo en la materia y algo del formidable esplendor económico que nos cayó de regalo (¡qué tiempos aquellos!), el tema habría entrado en vías de solución. Pero nunca lo estudió en profundidad, rechazó propuestas de otros partidos y legará a la administración futura una situación al borde del estallido.

La inseguridad está en la punta del triángulo, es el tema que más preocupa a los ciudadanos y sólo con palabras el problema no se soluciona. La gente le dispara a la noche, más allá de la ciudad o el barrio por el que circule, pero también a plena luz del día el ciudadano debe caminar alerta y el comerciante estar en vigilancia permanente. Varios ministros de Estado -si fuera necesario- son testigos de que esto es así. Un cuerpo policial, deficitariamente entrenado, peor remunerado y plagado de carencias, poco puede hacer para evitar que el mal se extienda.

En la base está, en primer lugar, la situación de los reclusos en los complejos carcelarios y el estado de estos. El informe del Comisionado de las Naciones Unidas, Manfred Nowak sobre nuestras cárceles fue contundente, lapidario y bochornoso sobre todo para un gobierno -y un país- que ha hecho del respeto a los derechos humanos una cuestión fundamental. Pero a nadie sorprendió: repite, tal vez con menos datos y menor profundidad, lo que ya había adelantado el informe del comisionado parlamentario Álvaro Garcé y que, en realidad, todos percibíamos. El escándalo fue porque lo dijo un extranjero con el membrete de las Naciones Unidas, no por lo que dijo.

Lo cierto es que las cárceles sirven para cualquier cosa menos para reeducación o la búsqueda de aptitudes de trabajo de los procesados o penados, como pretende y prescribe la Constitución; se han transformado -con la anuencia del Estado- en escuelas de delincuentes que obliga al que ingresa a aceptar códigos, amenazas, y humillaciones que los marcarán para el resto de sus días. Fomentan el desprecio y el resentimiento (cuando no el odio) contra la sociedad y se estima que en Uruguay, seis de cada diez presos vuelven a delinquir al salir en libertad. ¿A alguien puede sorprender que ello ocurra? ¿No es acaso el mismo Estado que los encarceló, el que los suelta en esas condiciones de mayor agresividad y peligrosidad?

Por último, cerrando el triángulo, se encuentra el INAU y la situación de los menores considerados de alta peligrosidad. En esta materia el caos es total; ni siquiera se sabe a ciencia cierta el número de los internados, porque estos entran y salen cuando quieren de los locales donde fueron asignados. Es más, muchas veces -demasiadas- cuando llegan los expedientes judiciales a los lugares de internación, los menores no aparecen, porque ya se fugaron. Con todo, se estima que hay unos 220 y a simple vista y tras un ligero repaso de lo que a diario informa la crónica policial, ese número parece un poco, poco. No hay hecho delictivo -rapiñas, copamientos, arrebatos e incluso homicidios- donde no se detecte la presencia de menores, que justamente son utilizados por los mayores por su facilidad de movilización y su impunidad. Que registren 20, 30 o más entradas no es barrera para que tengan otras tantas salidas, sin necesidad de orden judicial alguna. Reeducarlos, enseñarles un oficio, buscar su reinserción en la sociedad, es una utopía dentro de un régimen que se encuentra superado, vencido y destrozado. Si no que pregunten al padre Mateo Méndez que llegó hasta allí -y duró poco- al amparo de una formidable foja de antecedentes en la recuperación de menores. Pero con otro sistema.

Este es el gran desafío de nuestros tiempos. Es cierto que esta administración perdió una formidable oportunidad para encauzarlo al amparo de sus mayorías parlamentarias automáticas y la bonanza económica que se vivió, pero no se hizo y lo único cierto es que debe hacerse.

Mujica, ¿por qué no habla de esto en lugar de hacer más daño al país?