Gasto en derechos humanos aumentó 75% en este gobierno

1/1

El gobierno subió 75% el gasto en derechos humanos, a $ 70 millones, según su informe ante Naciones Unidas. Considera como deber en la materia, el hacinamiento carcelario y la reparación a las víctimas de la dictadura y el voto consular.

Al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Uruguay entregó un informe el pasado 3 de marzo que será defendido el próximo 11 de mayo en Ginebra. Ayer el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, la directora de Derechos Humanos de esa cartera, María Elena Martínez, y la directora de DDHH y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Dupuy comentaron el informe en el Edificio Libertad.

El documento de 29 páginas destaca el aumento del gasto estatal en diversas áreas de derechos humanos -de $ 40 millones en 2004 a $ 70 millones en 2007 (unos US$ 30 millones, ver infografia)-, así como una exhaustiva lista de lo realizado bajo la actual administración en temas sociales, minoridad, lucha contra la discriminación racial, avances en los derechos de gays, lesbianas y travestis, contra la trata de personas, el trabajo y la pornografía infantil, entre otros aspectos.

Tanto el informe como la exposición realizada el pasado 4 de marzo por Michelini en las Naciones Unidas en el denominado Segmento de Alto Nivel del X Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del organismo, mencionan la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad. Sin embargo en estas exposiciones no se explicita que el gobierno no apoya esta campaña.

Es su intervención Michelini destacó que "hoy el camino de la justicia se ha abierto. Están presos los principales responsables civiles, militares y policiales de esas atrocidades", dijo. "Este proceso continúa en la sociedad uruguaya: acciones judiciales incluido un recurso contra la ley de impunidad, la acción del gobierno ya señalada y la recolección de firmas para convocar a un nuevo referéndum popular para anular la ley de impunidad", agregó. El informe oficial destaca entre los principales retos pendientes "continuar avanzando en el esclarecimiento de la verdad sobre el destino de más de doscientos compatriotas desaparecidos en Uruguay y otros países de la subregión, así como en la aprobación e implementación de una reparación integral al conjunto de las víctimas del terrorismo de Estado". El documento no contiene alusiones a los reclamos de reparación de las familias de policías y militares muertos en sus enfrentamientos con los grupos armados de la década de los años 60` y 70`.

Partidos. El informe es autocrítico en otros temas tales como "la legislación que permita el voto a los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior; legislación adecuada sobre partidos políticos y su financiación; legislación actualizada para la regulación de las organizaciones de la sociedad civil"

También se señala como un debe de Uruguay el funcionamiento del procedimiento penal donde "no existe (…) la participación de las víctimas en el proceso". El documento pone énfasis en la necesidad de "avanzar en la atención a la situación de menores en conflicto con la ley" y en "la preocupante situación de hacinamiento en los centros de reclusión de adultos".