El fin de la inocencia

Alfonso Lessa

La renuncia del padre Mateo terminó con la ilusión y también con la inocencia: no es posible encaminar un instituto tan conflictivo y con una crisis endémica de la magnitud que aqueja al INAU, sólo con buena voluntad.

Aún está muy vivo el recuerdo del patético intento de intervención del senador Eduardo Lorier en otro conflicto del INAU, al inicio de la actual administración, en la que intentó mediar y ofició como chofer de los menores que terminaron tomándolo de rehén. Fue una demostración de buena voluntad, pero también de una inocencia e irresponsabilidad alarmantes.

El padre Mateo, inicialmente con importante apoyo político y seguramente imbuido de una fuerte inspiración religiosa, llegó a su cargo convencido de que con determinadas actitudes y gestos positivos podría lograr que la reinserción de los menores infractores diera un salto adelante. Pero se chocó de frente con una realidad mucho más dura y compleja de la que pudo imaginar.

Mateo no se fue en silencio: habló de corrupción y de falta de respaldo concreto, generando una reacción negativa dentro del propio Frente Amplio, entre los funcionarios e incluso en la oposición. Se le acusa, entre otras cosas, de no haber hecho esas denuncias ante la Justicia. Pero mucho más allá de cualquier consideración política, el fondo de la cuestión es inapelable: una situación alarmante, en la que los motines, las fugas y las denuncias de malos tratos se suceden sin parar.

La dimisión de Mateo, seguida de la renuncia del presidente del INAU, Víctor Giorgi, tiene contenidos políticos pero por sobre todas las cosas, expresa con claridad la profunda crisis que aqueja al INAU. No es, por supuesto, una situación nueva: gobierno tras gobierno, todos han tenido grandes dificultades para afrontar con eficiencia la tarea de reinsertar con éxito a los menores infractores. Fue el Consejo del Niño, fue el Iname y es el INAU, los nombres han cambiado, también sus autoridades, pero los problemas básicos son los mismos aunque el correr de los años los ha agravado por falta de soluciones de fondo, por problemas de la sociedad y por la ausencia de un debido sentido de la autoridad.

La violencia en el delito es mucho mayor, la influencia de la droga y en particular de la pasta base han cambiado la cara de la sociedad y de la delincuencia. Es cierto que hay cuestiones de origen social y que la crisis del 2002 generó una exclusión que agravó las dificultades de los más pobres. En buena medida, muchos de los niños y adolescentes infractores de hoy, son hijos de la crisis del 2002. Todo ello requiere soluciones de mediano y largo plazo. Pero ¿mientras tanto? Existe una sociedad que se siente agredida y que ve con espanto como los menores entran y salen de sus lugares de reclusión, delinquen y vuelven a delinquir, sin ninguna solución. Y que además muchas veces lo hacen con un total sentido de impunidad; actuando por cuenta propia -individualmente o en grupo- o por orden de mayores.

Algunos reclaman de manera urgente disminuir la edad de la imputabilidad, otros lo rechazan, en otro de los debates sin final.

Al mismo tiempo existe otro grave problema directamente ligado a los funcionarios: parece increíble, por ejemplo, que decidan por sí y ante sí cómo cumplirán sus tareas y si incluso dejarán o no ingresar menores en determinado centro de detención.

Parece claro que ha llegado la hora de que desde el Estado -al mismo tiempo que se asuman otras medidas- se ejerza la autoridad, tanto con relación a los funcionarios, como a los menores. Es la tarea que espera a la nueva presidenta Nora Castro. Lo contrario sería suicida.