"Transparencia"

La reiteración de las quejas sobre el incumplimiento de la ley de Acceso a la Información Pública indujo recientemente al Poder Ejecutivo a exhortar por decreto a los organismos públicos a cumplir cabalmente con todas sus normas. Dicha ley, la número 18.381, aprobada hace exactamente un año, habilita a cualquier persona a demandar información sobre actos y decisiones de las instituciones públicas. El organismo, así requerido, tiene un plazo breve para contestar, admitiéndose unas pocas excepciones capaces de justificar una negativa formal ante tales pedidos.

Apenas promulgada la ley, la propia Presidencia de la República dio el ejemplo brindando datos que se le reclamaron, pero poco después trascendió que ciertos ministerios y empresas públicas retaceaban la información solicitada. En ciertos casos, los demandantes debieron recurrir a la justicia para lograr el cumplimiento de las normas lo que desembocó en la apertura de ciertos expedientes que todavía se siguen sustanciando. Igualmente, la prensa se hizo eco de reclamos causados por la falta de puntualidad en atender las solicitudes.

El reciente decreto del Poder Ejecutivo no sólo instó a contestar prestamente sino que puso el acento en lo que se denomina "transparencia activa", es decir, la obligación de publicar la información sobre sueldos, gastos, licitaciones y diversos asuntos concernientes a los funcionarios, entre otras cosas. Al respecto, la ley fijó un año de plazo, que vence en el correr del próximo mes de noviembre, para que todos los organismos difundan en sus páginas web esas informaciones.

El decreto fue inspirado por la comprobación de que muy pocos organismos públicos han cumplido con lo estipulado por esta ley, presentada como una garantía de transparencia en la acción del Estado. Esta es una de las tantas situaciones en donde a pesar de existir una normativa, aprobada y publicitada solemnemente, la misma se desconoce por la mayoría de los obligados a acatarla. El hecho es particularmente grave cuando esos obligados no son particulares sino funcionarios públicos que no pueden alegar ignorancia de la ley ni excusas de ninguna naturaleza.