Pasadas las elecciones internas y conformada la fórmula presidencial, el Frente Amplio dio inicio a su campaña usando todos los medios disponibles.
En dicho propósito se enmarca la actitud del Presidente de la República de "colaborar" en la propaganda partidaria. Como él, los ministros y funcionarios a quienes, no estándoles vedada, la actividad política partidaria, no acataron la orden del Dr. Tabaré Vázquez de renunciar a los cargos para intervenir en la contienda electoral.
Nos es la primera vez que el Presidente de la República se aparta de sus obligaciones constitucionales para desarrollar, a cara descubierta, política partidaria. En ocasiones, usando los famosos Consejos de Ministros, al estilo de las reuniones del gabinete municipal que utilizara en su momento.
Ahora se le estaría insistiendo desde el Frente Amplio para que reitere su gira pueblo a pueblo, y aumente el número de apariciones públicas. Hasta ahora, y más allá de todo, su no participación directa en la campaña de las elecciones internas le permitió seguir contando con un alto nivel de aprobación popular.
Poner en juego ese capital es lo que estaría pretendiendo la dirección de la campaña frentista.
En Uruguay, y sin perjuicio de ocasionales desvíos, existe una tradición que refuerza el mandato constitucional que inhibe a los titulares del Ejecutivo de intervenir en la campaña electoral.
Es que el constitucionalista previó que la naturaleza humana es débil, y que el presidente de la República podría llegar a actuar en favor de su partido político o del candidato al que apoya. Es en razón de ello que, incluso, prohibe la reelección de quien sustituyó al presidente toda vez que se excede determinado período de tiempo. En todo caso, se procura evitar la tentación de que se intente influir sobre el electorado utilizando el peso de Estado.
Tanto las normas constitucionales, como la tradición a la que hacíamos referencia, no son producto de la causalidad. Por el contrario, lo son de la evolución y progresivo perfeccionamiento de las costumbres políticas y de las instituciones; proceso que encuentra uno de sus puntos culminantes en las leyes de elecciones del año 1925 y en la creación de la Corte Electoral.
Sin embargo, en los últimos años, fruto en ocasiones de la mala fe y, en otras de la ignorancia, se las va afectando. Así, por vía de interpretaciones imposibles de los textos constitucionales y legales; y en otros por su desconocimiento liso y llano; se ingresó en un proceso en el que pareciera que todo vale cuando de buscar un fin se trata.
A lo largo de este periodo vimos casos que van desde la omisión de utilizar el Escudo Nacional en la documentación oficial, a los Consejos de Ministros truchos, pasando por impulsar un referéndum disparatado, y terminando con el asunto del Mausoleo de Artigas.
En nuestro país, el Presidente de la República es jefe de Gobierno y de Estado, y, por tanto, es quien representa a la Nación, es decir, a todos los uruguayos. Abandonar esa posición para bajar a la contienda partidaria implica incumplir gravemente sus obligaciones, y reducir su posición a la de jefe de una facción, lo que en el Uruguay de hoy es ignorar a más de la mitad de los uruguayos.
Existe una tradición que refuerza el mandato que inhibe a los titulares del Ejecutivo de intervenir en las campañas.