Sálvese quien pueda

La Constitución de la República sostiene que "los habitantes del país tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". Paulatinamente, empero, ese goce va perdiendo vigencia en el Uruguay actual, donde los márgenes delictivos, los episodios de violencia y las agresiones a la seguridad de las personas componen un cuadro que sigue creciendo y que en algunos aspectos parece incontenible. Para tener una idea al respecto, puede ser útil saber que durante la semana pasada hubo en Montevideo 91 delincuentes procesados con prisión y 28 menores infractores internados en el INAU. A lo largo del mes de mayo, los mayores que marcharon a prisión fueron 264 y los procesados sin prisión sumaron 133. Pero a esas cifras corresponde agregar un dato comparativo, porque sigue dándose un aumento permanente de casos similares, ya que en las tres semanas anteriores a la señalada los procesados habían sido 34, 46 y 77 respectivamente. Si esa tendencia se mantiene, cabe preguntarse qué ocurrirá con la capacidad disponible de las cárceles, con las limitaciones operativas de la fuerza policial o con el funcionamiento de la Justicia penal, por no hablar de la creciente indefensión de los ciudadanos y la preocupación general que ello genera.

Todas las estimaciones en esas áreas son desalentadoras. Recientemente se supo que el incremento mensual de presos duplica ya el promedio del año 2008. La diferencia entre ingresos y egresos de prisión llega a 150 por mes (a favor de los primeros) en lo que va de 2009, mientras que el año pasado el promedio no superaba los 70. Solamente en la Dirección Nacional de Cárceles, el saldo de los primeros meses de 2009 ya alcanzó al de todo el ejercicio 2008. Los números manejados obligan a formular un pronóstico que puede ser sombrío si las gráficas actuales se proyectan hacia el futuro, confirmando el sostenido recrudecimiento de la situación. Como han indicado los especialistas, no todo se soluciona con medidas represivas, pero el panorama tampoco puede remediarse con planes de asistencia social destinados a rescatar a los marginales o los desamparados desde el punto de vista cultural y económico, que son el sector del que proviene la mayoría de los procesados. Esos mismos expertos señalan que "en los últimos tiempos no se ha hecho nada por la recuperación de los infractores, tanto menores como mayores de edad", lo cual supone un bravísimo desafío, y agregan una referencia muy obvia pero también muy inquietante: "hay una contradicción explícita entre la acción policial -preventiva y represiva- con la tarea de la Justicia, que está basada en una legislación penal permisiva, aprobada en 1930 para otra realidad de país, cuando no existían las barras bravas, ni la delincuencia juvenil, ni las llamadas tribus urbanas, ni el flagelo genocida de la pasta base".

Información procedente de la ciudad de Rivera aludió en estos días al comunicado que los profesores de un liceo de esa localidad hicieron llegar a los medios de comunicación. Allí los docentes denuncian un estado de extrema violencia dentro y fuera de la institución en que trabajan, mencionan "la presencia de personas ajenas al alumnado en las horas de clase", añadiéndose a todo ello "agresiones graves a alumnos, cometidas por los intrusos, que obligaron a pedir la intervención policial", a lo cual se han sumado amenazas de muerte y el porte de armas fabricadas por los propios jóvenes. Parece oportuno comparar esos datos con los registrados en Francia, porque en un instituto secundario de Toulouse un alumno de 13 años apuñaló a su profesora de matemáticas debido a que lo había sancionado el día anterior, mientras en otro instituto de los alrededores de París un grupo juvenil atacó a los policías con un fusil de asalto. En esos hechos y otros de carácter similar, se apoyó el presidente Sarkozy para formular un mensaje a nivel nacional sobre "la creciente inseguridad ciudadana", en el que propuso medidas como una mayor concentración policial en zonas marginales y hasta el empleo de detectores de metales en los ingresos de los institutos más problemáticos. Los riesgos derivados de semejante panorama y la degradación del comportamiento, constituyen por lo visto fenómenos similares en unos cuantos países, porque en una escuela cercana a la ciudad argentina de La Plata una maestra fue agredida por una alumna y ello determinó que los restantes maestros no quisieran volver a dar clase ante la oleada de violencia. Sálvese quien pueda.