¿A quién indemnizar?

Antonio Mercader

El proyecto de ley de reparación a víctimas del "terrorismo de Estado" que el gobierno amaga con enviar al Parlamento podría tener resultados imprevistos para sus autores, sobre todo por su propósito de abarcar el período 1968-1973 en el cual no regía una dictadura. Aunque se desconoce su texto final se sabe que el proyecto considera víctimas a "todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional... por motivos políticos, ideológicos o gremiales". Añade que "dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización o apoyo de agentes del Estado".

En el período 1968-1973, gobierno de Pacheco y primera etapa del gobierno de Bordaberry, pudo haber violaciones a los mencionados derechos cometidas por agentes del Estado o con el apoyo de ellos contra ciertas víctimas quizás no previstas por los autores del proyecto. Por ejemplo, el peón rural Pascasio Báez asesinado en 1972 por los tupamaros con una inyección letal en un episodio en el que participó algún practicante de Medicina junto a algún docente universitario revestidos ambos, por entonces, de la calidad de funcionarios públicos. Atentaron contra el derecho a la vida, por motivos ideológicos y ¿eran agentes del Estado? Habría que definir la figura de agente del Estado para saber si los familiares de Báez tienen derecho a reparación.

Otro caso que merecería ser estudiado en detalle es el del cabo de la Armada que entregó el asalto al Centro de Instrucción de la Marina en 1970. ¿Era un agente del Estado? Parecería que sí, lo cual le abre a los damnificados -decenas de marinos que fueron amordazados, atados, humillados y en definitiva secuestrados por los tupamaros- el derecho a recibir una indemnización sobre la base de esta ley. ¿O se dirá que su "integridad psicofísica" no fue violada por los asaltantes que los despojaron de sus armas y los maniataron?

Habría otros muchos episodios que analizar en aquellos años, previos al golpe de Estado, en que el MLN Tupamaros aprovechaba la indefensión de la democracia uruguaya para armarse y lanzarse a la toma del poder. Por ejemplo, el asalto al hotel casino San Rafael en donde redujeron por la fuerza a decenas de personas, incluidos croupieres, clientes y camareros. Fue un golpe que reportó a los guerrilleros un botín millonario gracias a un funcionario del casino que hizo de "entregador" y colaboró con ellos a cambio de un dinero que gastó muy rápido (tiempo después, arrestado por la policía dejó impresa una frase memorable: "Que me quiten lo bailado"). Allí también hubo violaciones a los derechos de las víctimas propiciadas por la acción de un funcionario público. ¿Era un agente del Estado?

Hay más casos, en ese período pre-dictadura, en donde hubo personas que sufrieron ataques a su "integridad psicofísica y su libertad", por motivos políticos, como los secuestrados por el movimiento tupamaro, en el cual participaban en forma clandestina o daban apoyo funcionarios de distintas dependencias del Estado y empresas públicas. ¿Eran agentes del Estado? ¿Las víctimas de esos secuestros como Sergio Molaguero, golpeado con saña por sus captores durante su cautiverio en 1972, tiene derecho a reparación?

En fin, estas son algunas dudas y perplejidades que plantea un proyecto de ley cuyo texto final todavía se ignora, pero que podría tener consecuencias insospechadas.