Diputados votan el fin de las jubilaciones privadas

LA NACIÓN GDA/ Y AFP

La Cámara de Diputados debatía ayer en Argentina la reestatización del sistema jubilatorio, con el respaldo suficiente para que el proyecto fuese aprobado, mientras que la oposición acusaba al gobierno kirchnerista de pegar un "manotazo fiscal".

La sesión en la cámara baja, que se inició poco antes del mediodía, se llevaba a cabo en medio de un feroz debate entre oficialistas y opositores. El proyecto deberá pasar al Senado, donde el gobierno pretende tratarlo para darle sanción definitiva el 20 de noviembre.

Ayer se proveía que el proyecto tuviera 162 votos a favor y 87 en contra, de 255 representantes de la cámara baja.

Tras la férrea defensa oficialista de la estatización, en manos del diputado Juan Carlos Díaz Roig, la oposición lanzó ayer las primeras críticas de la larga sesión. El principal orador fue el diputado por la Unión Cívica, Fernando Iglesia, que no tembló en decir que el proyecto es un "mamarracho jurídico".

"El gobierno dice que tiene las cuentas en orden pero pega el manotazo fiscal (...) el gobierno tuvo demasiados presidentes de facto como para soportar uno más", agregó.

El Pro (derecha), sentenció en boca de uno de sus representantes en la cámara baja, Esteban Bullrich, que la iniciativa era un "ataque a la propiedad privada y a la libertad"

Por su parte, los legisladores oficialistas se mostraron confiados en la aprobación de la iniciativa que prevé el traspaso de unos 26.000 millones de dólares que administran los fondos privados (las AFJP) al Estado, a lo que se sumará el ingreso de otros 3.000 millones de dólares anuales por aportes de los trabajadores.

El oficialismo sumó el apoyo de diputados de la oposición de centroizquierda, que siempre propiciaron la jubilación estatal y que lograron introducir cambios al proyecto original para asegurarse un control del uso de los fondos (ver aparte).

"Nos pone muy contentos poder haber conciliado posiciones con bloques que no son del oficialismo. Esto le da un nivel de consenso importante a una iniciativa trascendente", dijo el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de la mayoritaria y oficialista central obrera CGT y la disidente CTA, que se movilizarán junto a grupos políticos kirchneristas al Parlamento, donde el gobierno cuenta con mayoría. La Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), el mayor bloque de oposición, así como peronistas disidentes, liberales y de derecha, dijeron "no" a la iniciativa desde un principio. La líder opositora liberal cristiana, Elisa Carrió, iba a realizar esta madrugada una vigilia en el Obelisco en rechazo al proyecto, al margen de otros actos de opositores frente al Congreso.

"Mi intención es dar testimonio, frente a lo que consideramos un robo a la nación", dijo Carrió, crítica por el uso que cree que el gobierno dará a los fondos del sistema jubilatorio.

Tesituras. Opositores acusan al gobierno de impulsar la reforma previsional para captar fondos que permitan afrontar vencimientos de deuda por unos 20.000 millones de dólares en 2009, además de financiar obra pública y gastos de campaña electoral, en vistas de los comicios legislativos del año próximo.

Pero el gobierno asegura que esos fondos tendrán como único destino el pago de jubilaciones, con la creación de un único sistema estatal de reparto, que absorberá el dinero que actualmente manejan las 10 administradoras privadas de pensión (AFJP).

La presidenta Cristina Fernández presentó el 21 de octubre el proyecto de ley que estatiza los fondos de pensión, con el argumento de la fuerte pérdida de rentabilidad del sistema privado, jaqueado por la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos.

Cambios en el proyecto

Se explicita en qué se podrá invertir el superávit tras el pago de los haberes jubilatorios. A fin de año este monto rondará en los 36.000 millones de dólares.

Se podrá invertir el 50% del superávit a prestarle al Tesoro, ya sea mediante títulos públicos, letras o prestamos. También se podrá invertir en acciones, obligaciones negociables y títulos valores aunque se prohíbe la inversión de fondos en el exterior.

Un consejo estará a cargo del monitoreo de los recursos. Este lo integrarán el Estado, los jubilados, los trabajadores, los empresarios, los bancos y el Congreso.

Se garantiza el empleo para los trabajadores de las AFJP.