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Para sorpresa de muchos y sin esperar a que el Congreso argentino defina si los fondos privados de pensión pasarán o no a la órbita del Estado, el juez Thomas Griesa ordenó congelar los activos que las AFJP posean en los Estados Unidos hasta cubrir los US$ 553 millones que reclama un fondo institucional de ese país por títulos de la deuda soberana que continúa en cesación de pagos.

Griesa dio la orden anteayer, según confirmaron funcionarios de su juzgado a La Nacion, aunque su decisión no figuraba hasta anoche en los registros oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Una alta fuente del gobierno argentino cuestionó el fallo preliminar: "Es una mala decisión del juez porque esos fondos no son de las AFJP; son de los jubilados argentinos. Las AFJP deberán ahora pelear por esos fondos".

La decisión de Griesa llegó tras recibir la petición de los abogados que representan a Aurelius Capital Partners, Blue Angel Capital y Aurelius Capital Master, que llevan más de tres años en disputa con la Argentina para cobrarle las acreencias. Griesa evaluó su planteo, escuchó a los letrados del Estado y libró la orden de embargo.

"Pedimos y obtuvimos la orden de congelar los activos", celebró uno de los tres abogados demandantes, Barry Ostrager, del estudio neoyorquino Simpson, Tacher & Bartlett LLP. Argumentó ante Griesa que estimaban que cinco administradoras privadas de esos fondos de pensión contaban o podían contar con activos en territorio estadounidense.

Griesa ordenó bloquear en Estados Unidos todo lo que pertenezca a las AFJP, "incluyendo, pero no limitándose a dinero, depósitos, propiedad inmueble, instrumentos, garantías, títulos de garantía, cuentas de seguridad, reclamos, derechos contractuales e intereses", enumeró.

La decisión de nacionalizar el sistema de jubilaciones privadas que maneja más de 86.000 millones de pesos en activos, unos US$ 25.300 millones al tipo de cambio actual- fue anunciada por la presidenta Cristina Kirchner el 20 de este mes. El proyecto oficial pasó al Congreso, donde los diputados iniciaron su debate.

Sin embargo, para la firma de abogados -que también representa a Microsoft, JP Morgan, Crédit Suisse y UBS, entre otros clientes-, los movimientos registrados en Buenos Aires fueron más que suficientes para avanzar. Planteó a Griesa que era imperioso actuar con celeridad para congelar los activos antes de que fuera demasiado tarde.

"No sabemos cuánto de esos 26.000 millones de dólares se encuentra en Estados Unidos", explicó Ostrager, que aún así argumentó en la Corte que, de aprobarse el proyecto oficial, pasarían a integrar de manera "inmutable" el patrimonio del Estado argentino y que, por tanto, eran embargables.

Aunque aceptó de manera preliminar la petición -el 17 de este mes les había convalidado cuatro órdenes de ejecución a los acreedores por un total de US$ 325 millones-, Griesa dispuso que celebrará una nueva audiencia el jueves próximo para debatir la situación con más profundidad.

Los letrados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que representan a la Argentina podrán, entonces, presentar más fundamentos para que revea su medida. O, para el caso, también podrían presentarse los representantes de las AFJP cuyos activos podrían quedar trabados y que, por ahora, continúan bajo su dominio.

La ofensiva protagonizada por Aurelius Capital Partners, Blue Angel Capital y Aurelius Capital Master no resulta sorprendente ni demasiado agresiva para quienes conocen las pujas judiciales que protagonizan la Argentina y sus acreedores desde que se declaró el default a fines de 2001. Desde entonces, los abogados de los llamados holdouts -sean acreedores individuales, inversores institucionales o fondos "buitre"- buscaron cobrarse sus acreencias que superan los US$ 20.000 millones en capital, a los que deben sumarse los intereses.

Con distintos resultados, los acreedores intentaron cobrarse de reservas del Banco Central (BCRA), resabios de los Préstamos Garantizados y de activos diplomáticos, así como también mediante opciones más arriesgadas. Entre otras, trabando el Tango 01 durante una escala técnica que debía llevar a cabo en la costa oeste.

Abogados de los acreedores también indicaron a LA NACION, durante las últimas semanas, que evaluaban qué pasos podían dar ante la eventual estatización de Aerolíneas Argentinas, aun cuando reconocieron que la garantía que debían desembolsar contra alguna aeronave elevaba demasiado sus riesgos.

Griesa tampoco es un recién llegado a las lides entre la Argentina y los tenedores de su deuda en default. Dentro de la órbita del Distrito Sur de Nueva York se emitieron la mayoría de esos títulos impagos y él concentró las demandas que siguieron al colapso. Y aunque siempre reflejó cierta inclinación a comprender la posición del Estado, en el último año y medio comenzó a esbozar una exasperación creciente ante las dilaciones del Gobierno para arribar a alguna decisión y afrontar sus deudas.

Desde 2005, Griesa lleva los casos de denuncias contra la Argentina en Nueva York por el impago de los bonos de la deuda pública. Ya congeló varias veces dinero de cuentas relacionadas con el Estado.

En su nueva resolución, el juez congeló fondos de las administraciones de pensión, depositados en Estados Unidos por hasta 553 millones de dólares. Podría embargarlos en caso de que fueran estatizados.

Griesa citó, para el jueves que viene, a los abogados que representan a la Argentina y a los fondos que litigan contra el país. Quiere escucharlos antes de decidir si mantiene la inmovilización. (LA NACIÓN / GDA)