Otra más, y van...

Con respecto al ya famoso acto del Frente Amplio del 25 de noviembre, anunciado hace casi un mes, no sé si sabe qué es peor, si haberlo cancelado, lo que pudo haber sido una decisión prudente, o haber agregado que se trataba de una suspensión, aclarando que "más adelante se informará si se fija nueva fecha", lo que debe considerarse como el mantenimiento latente de una inconstitucionalidad reiterada, que se agrega a las tantas que ha asumido este gobierno a lo largo de su gestión.

Disfrazado bajo la apariencia de una reunión del Consejo de Ministros, en esa especie de Cabildos Abiertos que han desplegado por el interior del país, este último del año estaba destinado a defender la obra realizada, tendría un solo orador, que sería el Presidente y se llevaría a cabo en la intersección de las calles 18 de Julio y Avda. del Libertador, donde el Frente Amplio, como grupo político, organizó más de un acto. Y por si quedaba alguna duda que se trataba de un acto político, el vocero de la suspensión dijo que la medida se adoptó para "no interferir con el debate político de estos días" y que la misma "no se debe a un hecho político en particular", o sea que se debería a un hecho político en general, y los únicos que tienen hechos políticos en particular y en general, sacudiendo sus estructuras son los distintos retazos del Frente. Además, defender la gestión del gobierno, cuando el mismo está siendo ejercido única y monopólicamente por un solo Partido, significa defender ese Partido y actuar políticamente en su favor.

Se han olvidado, entre muchas otras cosas, que el Presidente de la República y los Ministros son funcionarios públicos, y que la Constitución establece, desde el año 1934, que los funcionarios "están al servicio de la Nación y no de una fracción política" y que en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo, con el agregado en la Constitución de 1951 del calificativo "de cualquier especie", promovido por el Dr. Enrique Beltrán. Y si lo que se va a realizar es una reunión a campo abierto del Consejo de Ministros, los titulares estarán ejerciendo su función y participando a la vez en una actividad política.

Además, en el caso concreto del Presidente de la República, la misma Constitución le prohibe intervenir en cualquier forma, en la propaganda política de carácter electoral, y un acto como el anunciado, ante la inminencia de la presentación de las candidaturas oficialistas y en pleno debate interno del partido de gobierno, debe considerarse sin ninguna duda como un acto de proselitismo político. Justino Jiménez de Aréchaga señalaba que esa prohibición apuntaba a que no se utilizaran los medios de poder para gravitar sobre la expresión de voluntad del electorado debiendo tenerse presente además que el artículo se encuentra dentro de Capítulo referido a las garantías del sufragio, lo que aumenta su dimensión, justificando que se tengan en cuenta todas las posibilidades, directas o indirectas de su alcance, manejando una interpretación amplia de ese alcance.

El acto del 25 de noviembre se organizó para defender y exhibir, con finalidad política, la gestión de un gobierno unipartidario, en momentos en que están por definirse las candidaturas oficialistas, en las cercanías de un Congreso del Frente Amplio. Todo conducía pues a caracterizarlo como una acto político y, si los silencios pudieron encubrir otros propósitos, las aclaraciones de la suspensión, pusieron al descubierto toda la realidad que encubría.

Esta nueva violación de la Constitución se inscribe dentro de una sistemática forma de proceder que el Directorio del Partido Nacional ya había denunciado e inventariado en una reunión que tuvo lugar en Florida; que ha sido señalada reiteradamente a través de la prensa y de lo cual el gobierno no se ha dado por enterado, manejando con absoluto desprecio las normas jurídicas, debilitando nuestra característica de Estado de Derecho e ignorando los claros fundamentos en que se basa la crítica.

El acto en 18 de Julio, además, es tan inoportuno a fines de noviembre como "más adelante" y tan inconstitucional en la actual situación política como en las que puedan presentarse en el futuro, por lo que es de esperar que se deje morir en el olvido.

Resucitarlo, significaría también resucitar las irregularidades que lo rodean.