Patrimonio y cultura

Juan Oribe Stemmer

Faltan dos semanas para el Día del Patrimonio, una celebración cuyo origen se remonta al año 1995 y que ya se ha transformado en una tradición popular. Tanto, que el día inicial se ha extendido a un fin de semana completo: los días 4 y 5 de octubre. Este año el lema es "Uruguay país de pensamiento" y se ha elegido a Carlos Vaz Ferreira como personalidad destacada.

La organización de las actividades está a cargo de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Sus cometidos incluyen asesorar al Poder Ejecutivo en el señalamiento de los bienes a declararse monumentos históricos; velar por la conservación de los mismos; "proponer la adquisición de la documentación manuscrita e impresa relacionada con la historia del país que se halle en poder de particulares, las obras raras de la bibliografía uruguaya, las de carácter artístico, arqueológico e histórico que por su significación deban ser consideradas bienes culturales que integran el patrimonio nacional"; y proponer el plan para realizar y publicar el inventario del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación.

Es un conjunto importante de responsabilidades. La gran interrogante es si la Comisión cuenta con los recursos institucionales, humanos y económicos necesarios para cumplir eficazmente con su misión. Especialmente en una época en que muchos bienes culturales alcanzan muy interesantes precios en los mercados nacionales y en el exterior.

Es cierto que este no es un desafío nuevo ni tampoco exclusivo de nuestro país. Por ejemplo, la legislación de Gran Bretaña sobre el control de las exportaciones de bienes culturales, se remonta al año 1903 y fue introducida como resultado de la preocupación causada por la venta de colecciones privadas en ese país a coleccionistas extranjeros, especialmente de los Estados Unidos.

De alguna manera, nuestro país fue parte de ese proceso: los años de las vacas gordas permitieron que algunas familias uruguayas compraran, a buenos precios, libros y obras de arte muy interesantes en Europa. Ahora, la situación ha cambiado y nos hemos transformado en exportadores de elementos del patrimonio cultural heredado de nuestros mayores. Además, el concepto de "bien cultural" se expande continuamente (y comienza a integrarse con la noción de protección del medioambiente).

El sistema actual de protección presenta varias limitaciones -como informa la interesante nota publicada por "El País", el viernes pasado- incluyendo la peculiar estructura de la Comisión del Patrimonio.

En la actualidad, la Comisión es presidida por un consejo honorario compuesto por delegados de diferentes organismos públicos. El presidente de la Comisión, el arquitecto William Rey Ashfield, explicó que "en este momento, cuando faltan 15 días para el Día del Patrimonio, la Comisión le insume unas 30 horas semanales". Algo similar sucede con los demás miembros del cuerpo que, como Rey, tienen sus propias responsabilidades.

Nuestro país posee un considerable patrimonio cultural que debemos conocer, catalogar y conservar adecuadamente. Es un deber que se impone por nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y por las futuras. Parecería evidente que la estructura de una comisión honoraria, que pudo haber sido una solución aceptable en su momento, ya no basta para conseguir los nobles propósitos de la legislación uruguaya y de los acuerdos internacionales vigentes para nuestro país.

Todo se puede mejorar.